viernes, 2 de octubre de 2009

“Tenemos la puerta abierta para construir otra mirada”

En el marco de la finalización de los debates por el Proyecto de Ley de Medios, se dan posiciones enfrentadas. La sanción de la ley garantizaría la participación de las organizaciones actualmente excluídas. Se abriría la posibilidad de diversidad cultural y pluralismo en los medios
Por Constanza Graham (Comisión 10)
Las radios comunitarias se han constituido como actores sociales legítimos y canales de expresión para muchos grupos marginados, a pesar de haber sido privadas durante mucho tiempo de ejercer legalmente el derecho a la comunicación. Es necesaria una nueva ley de radiodifusión pero la discusión se aleja del texto de la ley y se enfoca en un enfrentamiento de intereses empresariales y políticos, dejando de lado el verdadero sentido del proyecto. Paula Castello, directora de FM La Tribu, aporta la voz del sector menos escuchado.
¿Por qué es necesario sancionar una Ley de Radiodifusión?
Primero, porque la ley actual fue sancionada durante la Dictadura y esto lleva impresa una marca, un modo de concebir los medios de comunicación que no es coherente con el desarrollo de una sociedad democrática. Es una ley que está concebida bajo la doctrina de la Seguridad Nacional. Esta ley establecía que se debían otorgar un máximo de cuatro licencias, pero no para garantizar un espectro más diversificado, sino para controlar a los medios. Segundo, las modificaciones efectuadas durante la democracia favorecieron la construcción de monopolios, la concentración, tanto económica, como geográfica y política. De esta manera, se dio lugar a un diseño de sistema de medios que no tiene nada que ver con promover la participación, la democracia, el pluralismo de voces.
¿Cómo afecta puntualmente a los medios alternativos la ley actual?
En su redacción original, la ley no permitía que las radios comunitarias o cualquier organización sin fines de lucro accedieran a licencias. En 2005 fue modificada y se abrió un lugar a esas organizaciones para que pudieran gestionar medios de comunicación. Sin embargo, cuando se introduce esa modificación, el espectro ya estaba organizado de tal modo que esa norma no necesariamente implicaba que esas organizaciones pudieran efectivamente acceder a licencias. Por un lado, porque en las ciudades grandes el espectro está saturado y no se puede ejercer una licencia donde no hay lugar. Por otro lado, porque el Comfer evalúa las carpetas para presentarse a concurso en base a criterios que nada tienen que ver con el sentido de las redes comunitarias. Un ejemplo claro: a FM Alas de El Bolsón, cuando presenta su carpeta, sufre una baja en el puntaje porque no realiza informes de tránsito. Entonces, la ausencia de reconocimiento, las falencias en la aplicación de la regulación y la propia configuración del sistema de medios atentan contra la posibilidad de desarrollo de los medios que no se insertan dentro de la lógica empresarial.
Actualmente, ¿qué funciones desarrollan o suplen los medios alternativos que los demás medios, privados y públicos, no cumplen?
Básicamente, aportan y construyen espacios donde se pueda ejercer el derecho a la libertad de expresión, donde cualquiera pueda decir lo que piensa y ser parte de la gestión de los medios de comunicación. Dar lugar a aquellos que los multimedios no legitiman como actor o grupo social capaz de opinar sobre determinados temas o de asumir el protagonismo al que tenemos derecho como ciudadanos. Obviamente, cada radio comunitaria tiene sus fines específicos, pero el objetivo común es transformar la forma en que vivimos, por lo que nos parece un campo importante sobre el que incidir desde nuestra propia perspectiva. Entonces, se trata de estar abiertos a diferentes propuestas que le sumen pluralismo y diversidad de voces al espectro. Es un espacio para la visibilidad de grupos marginados que no tienen lugar en otros sitios.
¿Cuáles fueron las propuestas puntuales desde La Tribu en la redacción de los veintiún puntos, contemplados en el actual proyecto de ley que se debate en el Congreso?
Participamos junto con otras organizaciones y tratamos de acordar con todas ellas cuáles eran esos veintiún puntos, ya que cada una tiene sus reclamos específicos. Algunas de nuestras propuestas, que además fueron incluidas en el actual proyecto, son: la inserción de la definición de “radios comunitarias” como un sector diferente dentro de las organizaciones sin fines de lucro; apuntamos a que las formas de evaluación para la asignación de frecuencias contemplen y prioricen entre sus criterios la función social y el apoyo a proyectos de sectores marginados a través de la elaboración de bases y condiciones específicas; y un aumento de 4 a 10 por ciento de los fondos recaudados para a apoyar a medios de fomento, comunitarios y de los pueblos originarios.
Desde la Facultad [de Ciencias Sociales de la UBA], la red [AMARC] y la radio fuimos construyendo vínculos con quienes coincidimos ideológicamente y que nos asesoraron en aquellos puntos sobre los que teníamos dudas.
¿En qué medida el proyecto contribuye a ampliar el espacio y dar lugar a los medios más marginados?
Lo que le da coherencia al proyecto es la forma en la que concibe a los medios de comunicación. Hoy, por como está diseñado el sistema de medios y por lo que avala la ley, los medios de comunicación se piensan como un negocio. Si se lo ve desde ese punto de vista, estaríamos dentro de una “ley de supervivencia” donde sobrevive el que tiene más medios. Esta forma de concepción entra en tensión con otra forma: los medios como espacios a través de los cuales se ejerce un derecho humano. Esto obliga a diseñar un sistema de medios con otros principios que garanticen la libertad de expresión. Y en sintonía con esto, lo que este proyecto de ley reconoce es el derecho de licencias y un tercio del espectro para los medios alternativos. Este sería, para nosotros, el punto más importante.
En cuanto al rol que asumiría el Estado, ¿podría darse la posibilidad de un exceso de intervencionismo estatal?
Puede existir el riesgo, pero no hay ley más permisiva en cuanto a la intervención del Estado que la actual. El Comfer depende directamente del Poder Ejecutivo, o sea, lo elige la Presidenta “a dedo”. Nosotros creemos que el Estado tiene la responsabilidad de regular el sistema de medios con criterios que apunten a garantizar el pluralismo, evitar la conformación de monopolios. Intervenir en la administración del espectro no es exceder sus funciones, es cumplirlas. Sí sería un exceso que el Estado regule los contenidos de los medios, pero esta ley no apunta a contenidos. Lo que se establece es un máximo de producciones extranjeras, así evitaría casos como Canal 9. Este sería el único control de contenidos, ni la ley lo prevé ni sería adecuado que intervenga en la línea editorial.
Desde la oposición se afirma que existe la posibilidad de que se terminen generando medios débiles sin escala competitiva, ¿qué opinás al respecto?
Si se concibe a los medios netamente como empresa, entonces sí habría medios más débiles. Pero, con más de veinte años de historia, las radios comunitarias somos una evidencia de que, aún en las condiciones más adversas, es posible autosostenernos y ser independientes económicamente. Esto no significa que promovamos, como forma de gestionar los medios, la precariedad. Si la capacidad de que las empresas se fortalezcan atenta en contra de la pluralidad, entonces me quedo con la pluralidad.
¿Por qué te parece que es tan complejo debatir en el Congreso un asunto tan importante para la democracia como éste?
Porque afecta directamente los intereses de los grupos que concentran la mayoría de los medios. Obviamente, hay intereses encontrados entre Clarín y el Gobierno, pero también es evidente que cualquier gobierno que tome la decisión de promover un proyecto de esta envergadura se va a tener que enfrentar con el multimedio al que más le afecta y con todos los demás que caen detrás y que manejan la opinión pública. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que hace el Gobierno, sino que apoyamos esta iniciativa porque recoge muchas de las demandas que venimos planteando y que llega al Congreso con mucha fuerza. Hay una relación entre el discurso, implícito y explícito, de los multimedios y la forma en que uno se posiciona en la sociedad. Nosotros, desde una posición más débil, intentamos que las personas se interesen por una ley que no se trata sólo de medios, sino de una forma de vida que afecta a todos. Buscamos que se acerquen y así lograr una voz más fuerte.
Entonces, ¿para ustedes, los foros contribuyeron como un llamado a la parte de la sociedad que se mantenía ajena al problema?
La verdad es que mucha gente se acercó a escuchar nuestra opinión. El hecho de haberse interesado en los medios alternativos fue un incentivo y apoyo para llevar adelante el proyecto. En este sentido, los foros efectivamente fueron espacios de participación, pero también es verdad que fueron una estrategia del Gobierno para cooptar a las organizaciones sociales.
Una vez aprobado el proyecto, ¿cuál sería el primer paso a seguir de los medios alternativos en ese nuevo capítulo de la historia?
Primero que nada, una vez sancionada la ley, viene la reglamentación de la misma y hay que pasar a la “letra chica”. En esta segunda parte también queremos tener participación, porque hay muchas cosas que se definen ahí. Y, una vez que exista una regulación acorde con el proyecto, nos toca la parte de adecuarnos. Para algunas radios con más historia, con más solidez en términos económicos, administrativos, va a ser más fácil; para otras va a resultar más duro. Desde las organizaciones que tenemos las cosas más ordenadas, será nuestro rol ayudar a las radios que estén en una situación más vulnerable. No será fácil, pero es lo que venimos pidiendo. Tenemos la puerta abierta para construir otra mirada, una más democrática. Es la posibilidad para que los medios marginados amplíen sus espacios y mejoren sus condiciones.

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