El silencio no es salud

Por año se practican 46 millones de abortos en el mundo y aproximadamente la mitad de éstos son realizados en forma clandestina. En Argentina, el promedio indica que cada mujer aborta dos veces a lo largo de su vida.

Por Ana Laura Faraci

El aborto es un tema complejo por las connotaciones médicas, legales, religiosas y psicológicas que conlleva. Pero ningún tema, por complejo que sea, debería estar exento de ser sometido a debate. Se estima que en Argentina, al menos dos mujeres mueren a diario por abortos inseguros y muchas otras quedan con secuelas físicas evitables. Anualmente en el país se producen alrededor de 500.000 abortos ilegales que representan el 40% de todos los embarazos. Por estas y otras tantas razones más, el grupo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto decidió pasar a la acción y el 31 de julio creó la línea telefónica “Más información, menos riesgos”, donde se brinda información completa sobre abortos medicamentosos, en un intento de evitar que la mortalidad femenina siga en crecimiento.
La palabra aborto es un término de raigambre latina, que deriva de la composición del prefijo ab: privación, y de la raíz ortus: nacimiento; la palabra compuesta abortus se traduce a: sin nacimiento. La Organización Mundial de la Salud define el aborto como “la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno”. Socialmente, la sola mención de esta palabra se impregna de un fuerte contenido ideológico que hace caso omiso ante una realidad que habla por sí misma.
La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología clasifican el aborto en Espontáneo o Inducido. El primero es la pérdida abrupta de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. El aborto inducido es el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con el ánimo de interrumpir el embarazo. La línea “Más información, menos riesgos” brinda datos de la OMS sobre interrupción de embarazos con misoprostol, lo que se conoce como un aborto inducido medicamentoso. Este proyecto ya esta funcionando en Ecuador y Chile y cuenta con el apoyo de la ONG Women o­n Waves y XminY.
“En Argentina, 6 de cada 10 cajas de misoprostol se venden sin cumplir el requisito de receta archivada. Esto indica que nadie puede monopolizar el conocimiento, y que las mujeres decidimos sobre nuestra vida y nuestro cuerpo. Pero también muestra que la prohibición del aborto y la clandestinidad a la que se nos obliga, ponen en marcha un mecanismo selectivo de desinformación, que perjudica especialmente a mujeres y niñas pobres y excluidas”, aseveran las organizadoras de la línea.
Según la Federación Internacional de Planificación de la Familia, 19 millones de mujeres pobres se someten a abortos inseguros en el mundo y el 13% de ellas muere como consecuencia de esta práctica. La falta de recursos económicos limita el acceso a un buen nivel de salud sexual y reproductiva, condenando a las pobres a no tener control para decidir sobre su sexualidad y sus embarazos. Además deben sortear otra barrera: la atención post aborto en los hospitales públicos. Si bien hay acuerdo estatal en la necesidad de generar mejoras en la atención a las mujeres que llegan al hospital público con un aborto incompleto o con complicaciones, la realidad muestra que en la práctica esto no sucede y muchas son tratadas de forma humillante, criticadas y culpabilizadas.
“Lo que me acuerdo como terrible fue que la médica no dejó que me acompañara nadie. Una vez abortada, la anestesia me dejó muy descompuesta y no podía recuperarme y la insensible me apuró y me dijo que me fuera como sea”, recuerda Natalia, quien abortó hace más de 15 años. Natalia no integró la lista de mujeres que fallecen cada año por un aborto clandestino. Tampoco quedó infértil o con una infección. Pero, como si el tiempo no pasara, su drama no deja de repetirse. “Les explicamos a las mujeres que ante un eventual aborto incompleto tienen derecho a completarlo en un hospital, porque eso está legislado”, sostiene Verónica Marzano, activista y organizadora de “Más información, menos riesgo”.

Con el objetivo de debatir sobre las cuestiones que atañen a las mujeres, el 10 y 11 de octubre se llevó a cabo el XXIV Encuentro de Mujeres en Tucumán. La lucha más fuerte se dio en la comisión de “Anticoncepción y Aborto”. El arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Villalba, en su homilía del sábado, invitó a los fieles a rezar y organizar cadenas de oración durante los días que dura el Encuentro. “La emancipación y la promoción de la mujer deben lograrse en conformidad con aquellas responsabilidades que brotan de su vocación a la maternidad y, sobre todo, no puede nunca realizarse atentado contra la vida humana en gestación. El matrimonio, la maternidad y la familia son valores fundamentales y no puede haber progresos reales a expensas de ellos. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave, es un crimen”, dijo Villalba. En contrapartida, más de veinte mil mujeres se unieron el domingo en la marcha a favor de la despenalización del aborto.
Desde la Iglesia, la oposición a la línea es radical. "Se está promocionando un delivery para abortar. Es inconsciente algo así", expresó el director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, Alberto Bochatey, la noche anterior al inicio del Encuentro, cuando el Equipo Pastoral y el Arzobispado de Tucumán organizaron una marcha bajo la consigna “Por el derecho a nacer”. Vale recordar que Tucumán no adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que obliga a entregar anticonceptivos y preservativos en los centros de salud públicos, y tampoco imparte educación sexual en los colegios. Olga Cristobal, del Plenario de Trabajadoras que integra la comisión organizadora del Encuentro de Mujeres, dijo que “casi tres mil mujeres organizadas por la Iglesia colonizaron los talleres sobre legalización del aborto. Se intentó discutir con ellas, pero plantearon que si una mujer muere por un aborto mal realizado, es porque lo eligió y que, entonces, está bien muerta”. Según una encuesta realizada en Capital Federal[1], el acuerdo o el desacuerdo dependen de la causa esgrimida para la realización de un aborto. Si la mujer quedó embarazada por una violación, el 82% está de acuerdo con la interrupción del embarazo. Por el contrario, cuando la mujer, por la causa que fuere, decide que no es el momento para traer una vida, el 60% sentencia que debe ser castigado. En el Código Penal argentino, el aborto es un delito catalogado “contra la vida”. Solamente hay dos casos en los que el aborto inducido no es punible y la Justicia debe autorizar su práctica. El primero es cuando está en riesgo la vida de la madre. El segundo se refiere a la violación de una mujer "demente" o “idiota”.

En apenas tres meses de atención, la línea ha recibido 750 llamadas. La mayoría de las mujeres manifestó haber consultado previamente a su médico y haber recibido información falsa: que el misoprostol puede causarle un derrame cerebral, que necesitarán transfusiones de sangre, que las pastillas no funcionan, que se colocan dentro del útero, que el útero puede estallar, que causa infertilidad, etc. “Hemos escuchado frases como ‘el médico dijo yo estudié para salvar vidas’, ‘no me puede sacar algo que late’, ‘me mandó al carajo’”, comentó Verónica Marzano.
Según fuentes expertas, la mortalidad de las mujeres que abortan está bajando gracias al uso de misoprostol. El Estado debe garantizar el derecho a la información en temas de salud sexual y derechos reproductivos, en especial sobre abortos seguros. De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la mayoría de las muertes de mujeres embarazadas por causas de abortos inseguros son perfectamente evitables y la falta de información sería una de las principales causas de la mortalidad femenina en general y de las muertes por abortos inseguros en particular. Si la tarea del médico es cuidar la salud de los pacientes, cada profesional que niega datos sobre aborto ¿se convierte en cómplice del femicidio impuesto por la prohibición del aborto y falta a su deber de proteger la vida ante todo? Si los medios de comunicación tienen el compromiso de informar y formar, cuando transmiten información parcial, falsa y sesgada ¿se convierten también en cómplices, faltando a su deber democrático de contribuir a la diseminación del conocimiento? La información sobre aborto seguro ¿puede seguir en las manos de unos pocos? El silencio ¿es salud?
[1] Fuente: CEDES-UNFFA

RECUADRO 1

OPINION
LA ÉTICA MÉDICA Y EL ABORTO
Por la Dra. Alicia Cacopardo
Médica de la Sala de Maternidad del Hospital Eva Perón en San Martín y miembro de la organización Mujeres del Oeste, que defiende el lema “Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

La deuda en salud hacia las mujeres comienza desde la enseñanza de grado en las facultades de Medicina, donde nos dicen que el aborto es un delito y no un derecho, nos enseñan que nuestro cuerpo no nos pertenece. Luego, en el ejercicio de la profesión, los que trabajamos en Atención Primaria y en los hospitales, vemos las consecuencias tremendas que ocasiona esa penalización en la salud de las mujeres. Ahí, sale a la luz la hipocresía de la sociedad, en las mujeres que a diario entran desangrándose a las guardias de los hospitales, en la cantidad de camas ocupadas en ginecología con el diagnóstico de legrado evacuador por “aborto incompleto”, y en los pedidos desesperados de las mujeres: “doctor ¿qué puedo hacer? Me lo quiero sacar”.
¿Cuál es nuestra ática médica, no estamos realizando una mala praxis? Afirmo que sí, los médicos estamos antes que nada comprometidos a preservar, conservar y recuperar la salud de nuestros pacientes, y en este caso hacemos abandono porque tenemos el Código Penal en el consultorio.
Es hora de que reconsideremos nuestra ética con respecto al aborto, terminemos con el silencio debatiendo de una vez por todas en las reuniones científicas y escuchando y respetando la decisión de las mujeres en la práctica médica cotidiana.

RECUADRO 2

LEGISLACION
“ES UN MOMENTO ADECUADO PARA QUE LOS DIPUTADOS DEJEN DE DARNOS LA ESPALDA”
Actualmente, hay tres proyectos de ley en el Congreso Nacional. Uno de ellos fue presentado por la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La abogada Luciana Sánchez, miembro de la Campaña, despeja algunas dudas sobre el tema.

¿Este el primer proyecto que pide la despenalización del aborto?
En absoluto. Desde hace ya más de 20 años existe la tradición de que los movimientos de mujeres presenten proyectos de ley para que el aborto se despenalice, pero nunca son tratados, pierden estado parlamentario y caen. Como mucho llegan al tratamiento en alguna comisión.
¿Qué propone el proyecto que respalda la Campaña?
Creemos que la restricción de la legalidad del aborto a dos casos es inconstitucional. Y eso exige plantear en qué consiste el aborto. Si el aborto está vinculado a la autonomía y la libertad de las mujeres, entonces es antidemocrático que el Congreso regule algo que no se puede regular, como es la propia libertad de elección. Lo que estamos pidiendo es un debate legislativo que reglamente las condiciones en las que se va a brindar el servicio de salud relacionado con diversas formas de practicar un aborto.
Entonces no hay que legislar el aborto sino las políticas públicas.
Exacto. Las mujeres no piden permiso para abortar. Las feministas con más trayectoria en esto, algunas de más de 60 años, siempre nos cuentan que cuando no había anticoncepción, el aborto era una práctica aún más común de lo que es ahora. Lo que la anticoncepción hizo, en definitiva, fue fundar las diferencias de clase. Cuando las ricas empezaron a acceder a la anticoncepción, y como las que mueren son pobres, el tema dejó de debatirse en el país.
¿Por qué cuesta tanto conseguir una sanción? ¿Es por la relación estrecha entre el Estado y la Iglesia?
Por supuesto que esa relación existe y marca territorios. Pero además creo que hay una cuestión de desidia, de no pensar en las mujeres como sujetos políticos y sociales. Éste es un momento más que adecuado para que la Cámara de Diputados deje de darnos la espalda a las mujeres. Dar la espalda lo único que logra es arrojarnos a la clandestinidad y exponernos a una pérdida de dignidad.

FIRMA DE LIBRETAS

Hola a todos:
Les recuerdo que, hoy, sábado 12 de diciembre, de 10 a 12, se ralizará la firma de libreta de Taller III. Quedó confirmaron que se llevará a cabo en el Auditorio.
Allí esperamos a quienes deseen firmarla.

Por otro lado, aprovecho para solicitar a algunos de ustedes que me envíen sus notas de investigación corregidas para subir al blog.

Comisión 8:
Martín Rodríguez
Carla Suárez
Ana Faraci
Tomás Rudich

Comisión 10:
Leonardo Pafundi
Agustín Ponti
Axel Cataldi
Romina Capitelli

Saludos y feliz año nuevo,
Clarisa.

La importancia de la participación política de los uruguayos en la Argentina: El sueño de los desterrados

Al igual que en el 2004 el voto del exterior fue definitorio para las elecciones que se están llevando a cabo en Uruguay. ¿Cómo es la relación entre los militantes políticos Uruguay que habitan el suelo argentino con su país de origen?

Por Leonardo Pafundi

Al igual que la mayoría de los países de América Latina, La República Oriental del Uruguay ha sufrido a lo largo de su historia permanentes vaivenes económicos, con crisis y momentos de bienestar económico. Además Uruguay ha padecído una dictadura militar que, con su correlato en el resto del continente, hizo desaparecer a un centenar de personas y contó con un sin fin de perseguidos políticos. Estas características llevaron a que mucha gente decidiera partir de su lugar de origen hacia otras tierras buscando un porvenir distinto. Sólo en 1974, segundo año de la presidencia de facto de Juan María Bordaberry, se exiliaron del país 65.000 personas. “Lo que fue un éxodo permanente en el Uruguay, comenzó a tener carácter de tragedia con la llegada de la dictadura”, dice Ariel Crosa, exiliado político y referente del Frente Amplio en la Argentina.
Uruguay cuenta con una población de 3.500.000 personas aproximadamente. En la Argentina viven 300.000 uruguayos y el 80% de ellos viven en capital y Gran Buenos Aires. El 1% del padrón electoral que está habilitado para participar de los comicios, en la República Oriental, vive en la Argentina. Fue ese porcentaje el que le sirvió al candidato del Partido Frente Amplio Tabaré Vázquez para alcanzar la presidencia en el año 2004 en primera vuelta, sin pasar a balotaje. Esta es una muestra de la importancia del voto extranjero en el Uruguay. En las elecciones donde resultó presidente Vázquez, 27 mil votantes cruzaron el Río de la Plata para participar del sufragio, mientras que 22 mil votaron a la fórmula del Frente Amplio. Es decir: mientras que en el Uruguay alcanzó el 50% de los votos, el 80% del padrón uruguayo-argentino votó a la propuesta de izquierda. Varios factores explican este fenómeno. La organización política de muchos uruguayos en la Argentina es uno de ellos.
El Frente Amplio en la Argentina
“Solo en el Gran Buenos Aires y Capital existen 24 comités de base donde participan activamente cerca de 50 militantes uruguayos en cada uno”, dice Ariel Crosa. No es casual que ninguno de los tradicionales partidos del Uruguay, ni el Nacional, ni el Partido Colorado, tengan el despliegue militante del Frente Amplio en nuestro país. El desarrollo de la participación política no ha sido un camino fácil para los frenteamplistas: “la organización en la Argentina ha sido un espejo de la conformación del frente amplio en Uruguay: se establece una mesa política en donde confluyen todos los comités de base”, cuenta Andrés Correa, oriundo de Argentina pero con padres Uruguayos y militante del Movimiento de Participación Popular (MPP), que integra el Frente Amplio.
La historia de la participación de los uruguayos en la Argentina comienza, en los años de la dictadura militar, con la formación de Asociaciones Uruguayas como la desaparecida Asociación de Residentes Orientales en el Uruguay que cumplían una función social, ya que la participación política estaba casi prohibida o se daba en la clandestinidad. Con la vuelta a la democracia se comienzan a conformar los comités de base y las mesas políticas con el Frente Amplio. Desarrollo que no tiene un correlato con los partidos tradicionales. Esto sucedió porque estos “nunca estuvieron interesados en los uruguayos que partían, es más: siempre los consideraron como una boca menos que alimentar y una cabeza menos que educar”, remata Crosa.
Dice Andrés Correa: “la militancia siempre ha tenido sus alzas y sus bajas. Generalmente, y como es lógico, la participación aumenta cuando se acercan tiempos de elección de las autoridades o la consulta por plebiscitos”. Y es que en el Uruguay, según dice la constitución, los plesbicitos son vinculantes. La metodología es conformar una comisión sobre el tema a tratar y luego realizar una colecta de firmas que llegue al 10% del padrón electoral. Fue así como se presentaron, en las últimas elecciones, un plebiscito sobre la derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, símil a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la Argentina, y otro sobre la posibilidad del Sufragio Epistolar. “Con pesar, el pueblo uruguayo no se mostró conforme con ninguno de los dos plesbicitos en las últimas elecciones, así que seguiremos viajando para poder seguir participando de las elecciones”, se lamenta el militante del MPP. Y es que ninguno de los dos plesbicitos alcanzó el 51% necesario para ser aprobado. Sin embargo esta traba a la hora de elegir nunca fue definitiva. Antes que se desarrollaran e instalaran las empresas de trasporte fluvial, el Frente Amplio organizaba centenares de micros para que los uruguayos pudiesen viajar y votar. Hoy se firman convenios comerciales con estas empresas de transporte fluvial para abaratar los costos del pasajes (para las próximas elecciones costará 40 pesos argentinos ir y volver para uruguayos con capacidad de votar, a diferencia de los 300 pesos de base para cualquier otro viajante), y acuerdos con cooperativas de vivienda para hospedar a quienes no tengan los recursos o dónde hacerlo.
Pero realizar el sufragio no es la única forma de participar políticamente con el Uruguay. Dice Ariel Crosa: “con el gobierno del FA se comenzó a instalar la nueva política de vinculación: el Departamento 20”. Este nombre ficticio lo que hace es resaltar la importancia que cobran los uruguayos para este gobierno, a diferencia de los anteriores. El Uruguay está dividido en 19 Departamentos. “El departamento 20 es una forma simbólica de hacer que los uruguayos en el exterior se sigan sintiendo parte de nuestro país”, dice Juan Carlos Domínguez, funcionario de la Dirección para Asuntos Consulares y Vinculación. “Una de las políticas más importantes que se llevaron a cabo fue la creación de los Consejos Consultivos”. Estos son los interlocutores entre los uruguayos residiendo en el exterior y el Estado del Uruguay. “Con la conformación de estos Consejos se pudo concretar, por primera vez, la posibilidad de que los uruguayos puedan sacar o renovar sus credenciales de identidad.” comenta el funcionario. “Estas también son las cosas por las cuál participamos activamente en los comités” agrega Crosa.
Ante la pregunta de porqué seguir participando políticamente para un lugar que, hoy, no es el propio, Crosa da su visión: “el seguir participando se incentiva por una idea, por más dificultosa que esta fuese, que siempre permanece en la cabeza: la idea del retorno”.

RECUADRO

Opinión del diputado del Frente Amplio Pablo Álvarez
“Hay que ampliar el debate con quienes siguen teniendo un interés por el Uruguay y su futuro”

El Frente Amplio ha tenido un extraordinario éxito en forjar una organización política que pudo superar el exterminio de la dictadura con sus consecuencias sociales, económicas y políticas. Esta reconstrucción del Frente se dio tanto en el Uruguay como en el exterior: generando comités de base en una gran cantidad de países. Pero, como no podía ser de otra forma, mientras más uruguayos había, más uruguayos se organizaban. Este es el caso de la Argentina. Esta actividad militante ha estado siempre vinculada a las actividades que el Frente Amplio realizaba desde aquí, el Uruguay. Por ejemplo en la campaña de defensa de las empresas públicas o la denuncia de ciertos hechos de los gobiernos de los partidos tradicionales. Y a partir de lo que fue la elección del 2004 el trabajo que se estaba realizando en la Argentina cobró una mayor relevancia respecto a los uruguayos que se trasladaban a votar viajando desde ese país. Para nuestro partido se volvió de una importancia fundamental ya que la mayoría de los votantes eran afines al Frente Amplio. A partir del resultado de las elecciones del 2004, se tornó visible para nosotros la importancia de que estos votantes pudiesen cruzar el charco para votar aquí. En estas elecciones del 2009, el debate acerca de los votantes del exterior se reprodujo pero, como no se pudo ganar en primera vuelta y aparentemente los que vinieron a votar eran menos, el tema no tuvo tanta prensa como la había tenido en las anteriores elecciones. Lo que sí es obvio, es que se confirma que el Frente Amplio tiene como principal objetivo seguir transformando al Uruguay y que se pueda establecer y ampliar un debate más seguido con todos los militantes frenteamplistas y los uruguayos en general que están, por diversos motivos, establecidos alrededor del mundo pero siguen teniendo un interés en el Uruguay y su futuro.

Comisiones 8 y 10

Hoy entrego el promedio de la cursada del módulo de gráfica (que a su vz deberá promediarse con el de TV), junto con las correcciones de las notas de investigación. Sería bueno que lleven sus trabajos y parciales por si existe alguna confusión.
Por otro lado, les comento que la firma de libretas se hará el sábado 12 de diciembre de 10 a 12 en aula a designar (probablemente el Auditorio).
Saludos, Clarisa.

Comisión 8

Paso las calificaciones de las notas de invstigación:
Alvarez, Rodrigo Oscar 7
Barberini, Sofía 7
Bragagnolo, Carlos 5,50
Curotti, Luciana Yanina 7,50
Cáseres, Daiana 6
De la Torre, Hernán Pablo 8
Degiustti, Leandro Tomás 4, 50
Faraci, Ana Laura 9, 50
Fassina, Cora Renata 1
Galarza, Emanuel Emilio 9, 50
García, Lucrecia 6
Gutierrez Vecchio, Diana 7
Heath García Blanco, Maximiliano 9, 50
Heredia, Julieta 7, 50
Isla Raffaele, Mariana 7
López Gonzalo Benjamín 6
Malena, Florencia Sol 7
Marghetich, Diego Daniel 8
Marino, Julio César 8, 50
Mossier, María Nazaret 8
Mussi, Yanina Neri 6, 50
Peralta, Luciano Nicolás 6
Rial Schies, Ignacio 3
Rodriguez, Martín Ignacio 9
Rudich, Nicolás 9, 50
Settecasi, Darío Javier 7
Stramucci, Ana Isabel 6,50
Suárez, Carla Andrea 9
Urcola, Cintia Noelia 8, 50
Wohlfeiler, Federico 6
Felippelli, Guido 4, 50
Repetto, Carlos Ignacio 7, 50

Comisiones 8 y 10

El próximo lunes, 30 de noviembre, espero a ambas comisiones para hacer el cierre de calificaciones del módulo y entrgar las notas de investigación con las correspondientes correcciones. El trabajo es de ustedes y me gustaría que lo vean para que ésta también sea una instancia de aprendizaje en la que visualicen los aciertos y errores. Además me quisiera hacer también una evaluación de la cursada. A la comisión 10 le pido puntualidad, ya que el profesor Rulloni me solicitó una hora de nuestro horario para ver los trabajos de TV.

Saludos, Clarisa.

Comisión 10

Hola, antes de pasar las notas les pido que me pasen los integrantes de las revistas Incultura, que no me la dejaron y olvidé copiar los nombres. Además me está faltando la nota del segundo parcial de Virkel.

Calificaciones de las notas de investigación:
Campos 8
Capitelli 9,50
Coto 6,50
Eidelman 6
Fernández Galeano 6,50
Ferreiro 8,50
Graham 5,50
Lanza 5
Maestrepieri 5
Juliana Martín 3 (no es una nota de investigación)
May 7
Méndez 7
Moreira 4,50
Pafundi 8
Pantano 5
Penas 7,50
Pemmisi 6,50
Perini 8,50
Pietrini 7
Piola 5
Ponti 9,50
Prato 8
Raimundi 6
Roitbarg 3 (no es una nota de investigación).
Sandler 4,50
Tarelli 9
Testino 5
Vietri 6
Virkel 8
Weiman 6
Ramos 7
Maffei 9
Cataldi 9
Sánchez Lupi 8
Colombre 6
Vera 6,50

Aprovecho también para pasar las notas de los blogs:
Siguiendo a Sabatella: B (7)
Taler III (PO): R (5)
Tras los pasos del Acuerdo: MB+(9)
Camino a las elecciones: B (7)
Campaña Proyecto Sur: MB (8)
Elecciones Legislativas Unión Pro: R (5)

COMISIÓN 10

A partir del lunes 23 de noviembre trataré de publicar las calificaciones de las notas de investigación en el blog. No es necesario que asistan ese día a la facultad, salvo que haya algún caso en particular para conversar, o que quieran recibir la corrección en mano. De todos modos, yo voy a estar porque vengo a recibir los trabajos de la otra comisión.

Por último, necesitaría que Julina Martín me diga cuál fue su nota de recuperatorio, porque olvidé pasarla a la lista.

Saludos, Clarisa.

Nota de Investigación

A pedido de algunos les pego esta nota de investigación, de Natalia Aruguete, lo único que les pido es que NO copien el estilo del Dipló de poner las notas al pie, la procedencia de las citas debe estar explicitada o sugerida en el mismo texto. La investigación es de 2007, pero la elegí por la riqueza de fuentes.

Conflictos en Argentina, Bolivia y Uruguay
NUEVAS GESTIONES PÚBLICAS DEL AGUA

por Natalia Aruguete, Walter Isaía y Manuel Barrientos

Durante la última Cumbre del Mercosur, realizada en junio pasado en Paraguay, el presidente de Bolivia Evo Morales planteó la estatización de las empresas de agua: “Estoy convencido de que el agua es un derecho humano, por cuanto no puede ser un negocio privado, sino un servicio público”. Al mismo tiempo, en Buenos Aires comenzó a implementarse el marco regulatorio de la estatal Agua y Saneamiento (AySA), creada tras la rescisión del contrato de Aguas Argentinas. Y en Uruguay, luego de la reforma constitucional que consagró el “carácter público del agua”, está en debate actualmente el problema de cómo reglamentar la participación ciudadana en la gestión de este recurso.
Estas iniciativas se enmarcan en un escenario regional de recuperación del control de la mayoría de las empresas de agua por parte de los Estados. En este nuevo contexto se abren múltiples desafíos: universalizar el acceso, garantizar la participación social e implementar políticas públicas nacionales para el sector.
Este cambio en la relación entre Estados, movimientos sociales, organismos multilaterales de crédito y empresas privadas se inició en 2000 con la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, donde la lucha popular provocó la expulsión de la estadounidense Bechtel de Aguas del Tunari. Desde entonces se aceleró la retirada de las transnacionales del sector en el Cono Sur, según un reciente informe (1) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En cinco de los catorce casos analizados por el BID estuvo involucrada –de forma individual o en sociedad con Aguas de Barcelona (AGBAR)– la francesa Suez. Fue el caso de Aguas del Illimani en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto; de Aguas Argentinas en el Área Metropolitana de Buenos Aires; de Aguas Provinciales de Santa Fe; de Aguas Cordobesas y Aguas de la Costa en Maldonado, Uruguay (ver recuadro, pág. 11).
La salida de los concesionarios tiene explicaciones económicas, sociales y políticas. Para ciertos analistas, este servicio dejó de ser rentable en la región y los operadores líderes buscaron mercados que les garantizaran mayores ganancias, como Europa occidental y Asia. Lo cierto es que la movilización popular impulsó a los gobiernos a establecer nuevas reglas de juego para el sector, que chocaron con los intereses empresarios. “Los movimientos sociales fueron muy efectivos a la hora de destituir las políticas neoliberales que impulsaron la privatización del agua y lograr la reversión a manos estatales”, señala el investigador uruguayo Raúl Zibechi.
En algunos países, la reacción popular contra las empresas privatizadas y la preservación o recuperación de los recursos naturales como parte de sus reivindicaciones fueron clave en la vuelta al control estatal del servicio. La Guerra del Agua en Cochabamba en 2000, y en 2005 en La Paz y El Alto, son paradigmáticas: los movimientos sociales obligaron al gobierno a rescindir las concesiones de Aguas del Tunari y Aguas del Illimani.
En Uruguay, la articulación entre gremios, ambientalistas y organizaciones vecinales terminó en un referéndum constitucional que frenó la avanzada privatizadora. En cambio, la reestatización del servicio en Buenos Aires en 2006 fue resultado de una discusión entre el Poder Ejecutivo y Aguas Argentinas.
Las Guerras del Agua
En abril de 2000, en Cochabamba, gigantescas manifestaciones de campesinos, trabajadores y clases medias culminaron con la expulsión de la transnacional Bechtel de Aguas del Tunari, creada en octubre de 1999 a partir de la privatización de SEMAPA (2). La movilización se gestó en rechazo a un aumento tarifario del 250% y a la entrega, a la misma empresa, de los sistemas autónomos de agua y riego que poseían las comunidades campesinas. Esta rebelión, que dejó un muerto víctima de la represión, marcó un giro en la vida política boliviana y originó un ciclo creciente de protestas contra las políticas privatizadoras. La defensa de los recursos naturales se convirtió así en una estrategia central de articulación para los movimientos sociales.
Luego de este proceso se crearon instancias de participación popular en la gestión de SEMAPA. Hoy, cuatro representantes de la sociedad civil participan del directorio. Para Marcela Olivera, de la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida, “desde que existen los directores ciudadanos, los manejos políticos y la corrupción se redujeron enormemente” (3).
En El Alto y La Paz, la reacción popular se desencadenó fundamentalmente porque más de 200 mil personas en El Alto quedaron fuera del área servida establecida en el contrato. Con el objetivo de volver más atractiva a la empresa municipal SAMAPA antes de entregarla en concesión a Aguas del Illimani, liderada por Suez, las tarifas se habían incrementado en un 57,7%. Durante la gestión privada, el costo de conexión de agua y alcantarillado trepó hasta los 450 dólares, cuando el salario mínimo era de dos dólares diarios. En ese marco, los directivos de Suez “no escondían su desprecio y racismo contra los alteños, a quienes consideraban el peor cliente y usuario del mundo” (4).
La cuestión del agua fue un elemento clave de la “Agenda de Octubre”, diseñada por las organizaciones bolivianas en 2003. Las luchas por el cumplimiento de estas reivindicaciones, en las que murieron más de 70 manifestantes, derivaron en la caída de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa y el llamado a elecciones. Con la victoria de Evo Morales, en diciembre de 2004, el entonces presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) Abel Mamani asumió como ministro del Agua y condujo el proceso que culminó con la retirada de Suez en enero de este año. Luego de la reestatización, se conformó una Empresa Social de Agua (EPSA). Actualmente, las organizaciones sociales discuten si la empresa será municipal, cooperativa o social sin fines de lucro.

En Uruguay, y ante el compromiso del gobierno de Jorge Batlle con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de avanzar con las privatizaciones, se conformó en 2002 una singular alianza entre sindicatos, ambientalistas y asociaciones barriales. “Entendimos que era una lucha de fondo en la que no podíamos participar sólo los trabajadores”, dice Carlos Silva, secretario general del sindicato de trabajadores del agua FFOSE.
En las elecciones presidenciales de octubre de 2004, el 65% de los uruguayos había votado también por la Reforma Constitucional, en la que el agua pasó a ser considerada como un derecho humano fundamental. Sin embargo, el gobierno de Tabaré Vázquez habilitó la permanencia de las empresas multinacionales en el departamento de Maldonado. Pero la movilización popular continuó y el Ejecutivo se vio obligado a rescindir el contrato de Uragua (5) y adquirir las acciones que controlaba Suez en Aguas de la Costa. Carlos Santos, de la ambientalista Redes, afirma que “sin la movilización social no creo que se hubiera tomado el camino de la negociación”.
Reestatización en Argentina
La movilización social de diciembre de 2001, que acabó con la destitución del presidente Fernando de la Rúa, promovió entre otras cosas un replanteo de la política privatizadora argentina, que en los ’90 había tenido una alta aceptación de la población. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde se abrió un proceso de renegociación de los contratos para discutir los criterios de expansión y acceso, la rentabilidad empresaria y la política tarifaria. El objetivo era modificar el desempeño de Aguas, que en trece años de concesión había incurrido en incumplimientos tan significativos, que 800.000 personas no tenían aún agua potable y 1.032.000 carecían de cloacas. “Fue una concesión que empezó mal. Las metas e inversiones no fueron cumplidas, ni en calidad, ni en expansión”, explica Carlos Vilas, presidente del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
Sin embargo, las movilizaciones de la población habían sido muy focalizadas. Según Daniel Azpiazu, investigador del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, “la participación fue baja. Sólo algunas organizaciones sociales, como en Lomas de Zamora, Quilmes, Barrio Seré y Berazategui, llevaron adelante acciones reivindicativas”.

El diseño de la privatización condicionó la participación social, dado que sólo las asociaciones de usuarios estaban representadas en el ente regulador. Esto se vio agravado por la concepción restrictiva de participación que tienen estas entidades. “La limitación es que no hay un movimiento de consumidores representativo. Tenemos posibilidades de presión en el gobierno, pero no hay una conexión con las organizaciones de base. Hay que tener una concepción que incluya también a los que hoy no tienen acceso al servicio”, reconoce Américo García, de la Unión de Usuarios y Consumidores.
Luego de cinco años de negociaciones entre el Gobierno y Aguas Argentinas, en marzo de 2006 se rescindió el contrato y en octubre se creó AySA, donde el Estado controla el 90% de las acciones y los trabajadores, el 10% restante. En el marco regulatorio de la nueva empresa, la participación social quedó restringida a la Sindicatura del Usuario –que funciona dentro de la estructura del ERAS– cuya opinión no tiene efectos vinculantes sobre los criterios de prestación.
El debate actual
Integrantes de los movimientos sociales que lucharon contra las privatizadas participan hoy de las gestiones estatales del sector. Este hecho abre un doble desafío en términos de participación social. “Los dirigentes sociales que hoy son funcionarios están en el filo de la navaja. Son emanaciones de los movimientos y de sus luchas, pero ahora están incrustados en las estructuras del Estado, que tienen una lógica que les es ajena. Por ello, viven en una situación de permanente equilibrio inestable hacia adentro del Estado y con sus bases”, explica Raúl Zibechi.
El caso más emblemático es el del ministro Abel Mamani, quien llegó a ese puesto luego de liderar las luchas por el agua en La Paz y El Alto. Si bien desde su cartera concretó la rescisión del contrato de Suez, las organizaciones cuestionan su gestión ya que “no abrió espacios de participación, ni tuvo aún la capacidad de asumir una agenda nacional”, afirman referentes sociales ante el Dipló.

El reclamo de una mayor participación se extiende a otros países. Pero en muchos casos choca con la resistencia de funcionarios que argumentan que tal injerencia social “inhibe la eficiencia empresaria”. Eduardo Rojas, actual gerente de la reestatizada SEMAPA de Cochabamba, afirma que “la participación y el control social ahora están peor, porque es más amplia. Una empresa de servicios es una empresa técnica, operativa y administrativa”.

Desde otro punto de vista, la presidenta de FFOSE, Adriana Marquisio, opina que “quienes administran las empresas públicas deben desaprender las lógicas del sistema y comenzar a tener oídos para escuchar a la ciudadanía, ya que los cambios se deben a las luchas sociales”.

La universalización del acceso se presenta como el principal reto. De 1.100 millones de personas sin acceso al agua en el mundo, 50 millones viven en América Latina. De los 2.600 millones de seres humanos sin cloacas, 120 millones son latinoamericanos. Los datos surgen del Informe de Desarrollo Humano de 2006, que estuvo enfocado en el tema agua (6). Sólo en la ciudad de El Alto, 200 mil personas no tienen acceso al agua potable. En el segundo anillo del conurbano bonaerense, la cobertura de agua alcanza al 57% de la población, y la de saneamiento al 37%. En Uruguay, no existen datos fehacientes, aunque el gobierno comenzó a realizar un relevamiento. “Hay un porcentaje de población pequeño que aún no tiene acceso y, sobre todo, que no ha sido identificado, lo cual es muy grave. No podemos hacer planes hasta no saber dónde están”, explica José Luis Genta, titular de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA).
La expansión requiere financiamiento y los Estados nacionales tienen dificultades para enfrentar la inversión. En Bolivia, el Ministerio del Agua estimó que para satisfacer la demanda en La Paz y El Alto se necesitan 45 millones de dólares. Sin embargo, “estos cálculos no contemplan el crecimiento poblacional ni la necesidad de realizar obras de infraestructura para captar nuevas fuentes de agua”, reconoció ante el Dipló una fuente cercana a esa cartera.
Los organismos multilaterales de crédito y las agencias de cooperación internacionales se postulan como prestadores fundamentales (7). El documento del BID sostiene que los recursos estatales “son necesariamente limitados y frecuentemente erráticos. La banca multilateral deberá entonces reiniciar esfuerzos por constituirse en una de las principales fuentes de financiamiento del sector”. El informe recomienda que las nuevas empresas públicas aprovechen la “capacidad de regulación” y la “racionalización de la estructura de tarifas” instalada durante las privatizaciones e introduzcan “mecanismos que impidan la injerencia política”.
Sin embargo, los funcionarios oficiales consultados afirman que la situación financiera de los Estados de la región es hoy lo suficientemente sólida para tomar créditos sin imposiciones externas. Carlos Vilas opina que “el Estado debe decidir dónde realizar las obras. Uno de los principales problemas en Argentina fue que junto con el servicio se privatizó también la política sobre el servicio, y las decisiones sobre las obras las tomaba el propio prestador”. El presidente del ERAS agrega que desde 2003 hubo un salto “exponencial” de la inversión pública (8).
Políticas nacionales
Antes de las privatizaciones se habían descentralizado las empresas nacionales de obras sanitarias en los tres países. Con ello, se desvirtuó una política tarifaria que favorecía a las personas de bajos ingresos y a las regiones menos desarrolladas (9). Según Selva Ortiz, de la asociación ambientalista uruguaya Redes, “hay que avanzar hacia empresas únicas, públicas y estatales, para poder aplicar un sistema de subsidios cruzados. La descentralización hace que lo que se recauda en Maldonado se invierta sólo en Maldonado, y así se perjudican las zonas menos rentables”.
En este sentido, diversos investigadores coinciden en que la nueva gestión pública del agua requiere políticas nacionales y regionales que integren los diferentes sistemas de prestación existentes. En Argentina, hay más de 1.700 empresas entre cooperativas, uniones vecinales, municipios y sociedades anónimas. En Bolivia, “más de la mitad de los sistemas de suministro son gestionados por Comités de Agua, un 25% por cooperativas y un 11% por municipios”, afirma Rocío Bustamante, del Centro Agua-UMSS.
Pero tanto para los funcionarios como para los movimientos sociales, las empresas estatales se enfrentan ahora al mayor desafío. Garantizar lo que la supuesta eficiencia de las empresas transnacionales prometía y no cumplió: la prestación de un servicio público que asegure el acceso universal a un bien fundamental para la vida. Sobre todo en una región que posee una de las mayores reservas de agua dulce subterráneas del mundo, como el Acuífero Guaraní.

1 BID, “Salida de operadores internacionales de agua en América Latina”, Washington, febrero de 2007.
2 Shirley Orozco Ramírez, Álvaro García Lineras y Pablo Stefanoni, No somos juguete de nadie..., JACS América del Sur, La Paz, 2006.
3 Roberto Grosse et. al., Las canillas abiertas de América Latina II, Casa Bertold Brecht, Montevideo, 2006.
4 Walter Chávez, “Otra transnacional expulsada”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2005.
5 Esta empresa, que controlaba Aguas de Bilbao, tenía la concesión de la zona oeste del departamento de Maldonado desde 2000.
6 PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2006”, Nueva York, 2006.
7 El Banco Mundial aprobó en junio un préstamo de 270 millones de dólares para obras de infraestructura, agua y saneamiento en la provincia de Buenos Aires.
8 Según datos del Ministerio de Planificación Federal, el gasto en obras de saneamiento saltó de 2 millones de pesos en 2003 a 222 millones de pesos el año pasado.
9 Daniel Azpiazu y Karina Forcinito, “La privatización del sistema de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, mimeo, Buenos Aires, 2002.
N.A., W.I. y M.B.
© LMD ed. Cono Sur

Recuadro: TRES CONCESIONES DE SUEZ
Aguas Argentinas
(Argentina)
Al inicio de la concesión, Suez poseía el 25,4% de las acciones y su controlada, Aguas de Barcelona (AGBAR), 12,6%. Al momento de la rescisión, entre ambas controlaban el 64,9%. El Banco Mundial tenía un 5%.
Período de concesión
Mayo de 1993. Contrato de concesión por 30 años. Rescindido en marzo de 2006.

Área de concesión
Ciudad de Buenos Aires y 13 municipios del Conurbano Bonaerense. Población: 9,1 millones. Era la mayor concesión de agua potable y saneamiento del mundo.
Financiamiento de la inversión
Endeudamiento externo para cumplir con los planes de expansión. De $/U$S 1.200 millones
de inversión, sólo el 10% fueron capital propio.
Incumplimientos
Expansión: el contrato establecía una meta de 88% en agua potable y 74% en desagües
cloacales. Se concretaron 79% y 63% respectivamente (4). Calidad: se excedió el límite de
nitratos. Subió el nivel freático de las aguas. Faltó presión en la red.
Política tarifaria
Antes de la concesión hubo tres aumentos del 25%, 29% y 8% y se incluyó un 18% de IVA.
Entre 1993 y 2001, el servicio se incrementó un 88,2%, mientras el IPC subió un 7,3%. Más de la mitad de los aumentos fueron cargos fijos y montos destinados a obras que no se realizaron.
Participación ciudadana
En el ente regulador (ETTOS) funcionaba una Comisión de Usuarios –integrada por representantes de las asociaciones de consumidores–, con acceso a la información de la empresa, pero sin opinión vinculante sobre la prestación del servicio, la gestión y la política tarifaria. Se financiaba con aportes del ETTOS.
Características de la rescisión
En enero de 2002 comenzó la renegociación del contrato, que fue rescindido en marzo de 2006. En octubre de 2006 se creó la empresa AySA. El 90% de las acciones es del Estado y el 10% restante de los trabajadores. Suez presentó una demanda ante el CIADI. Entre sus argumentos, denunció que el Estado era responsable por la “expropiación de la inversión” y que no tuvo “un trato justo y equitativo” con sus inversiones. La resolución de la demanda está pendiente.
Aguas del Illimani
(Bolivia)
Al inicio de la concesión, Suez poseía el 35% de la empresa. Cuando se rescindió el contrato controlaba el 55%. El Banco Mundial tenía el 8%.
Período de concesión
Julio de 1997. Contrato de concesión por 30 años. Rescindido en enero de 2007.
Área de concesión
Ciudades de La Paz y El Alto. Población: 1,4 millones. El contrato establecía como “área de concesión” los municipios de La Paz y El Alto y como “área servida” las zonas originalmente
servidas por la estatal SEMAPA dentro del área de concesión. Aguas del Illimani se negó a incorporar los barrios creados en El Alto después de 1997 y basó sus cálculos de cobertura en el área servida definiéndola como área de concesión (1).
Financiamiento de la inversión
Durante el primer quinquenio, se invirtieron U$S 68 millones, de los cuales 40 millones provenían de créditos del BID (U$S 15 millones), la CAF (U$S 10 millones) y el CFI (U$S 15
millones).
Incumplimientos
Expansión: dentro del área servida, setenta mil habitantes de El Alto no podían pagar el costo de conexión de U$S 196 para agua y U$S 249 para alcantarillado. Doscientas mil personas quedaron fuera del área servida. Calidad: contaminación del río Choqueyapur por descargas de residuos sin tratamiento. La compañía no se hace cargo de pasivos ambientales existentes al inicio de la concesión.
Política tarifaria
Antes de la concesión hubo un aumento del 57,7% en la categoría doméstica (la suba promedio fue del 38%). Se anuló el cargo fijo básico y se cobró por metro cúbico consumido. A partir de 2001, la tarifa aumentó 19%, el costo de conexión 26,4% y el costo de alcantarillado 38,3%. La tarifa se dolarizó y el costo de conexión de agua y alcantarillado llegó a los U$S 450.
Participación ciudadana
El contrato no consideraba la participación de los usuarios en la regulación tarifaria. En la revisión contractual de 2000, la empresa se negó a promover tal participación. Funcionaba un sistema condominial con modelo de instalación pro-poor, cuyo objetivo era reducir costos. Implicaba la participación de los pobladores en la instalación y mantenimiento de la red a través de las Juntas de Vecinos.
Características de la rescisión
En febrero de 2005, las organizaciones sociales de El Alto intimaron al Gobierno a que rescindiera el contrato. En enero de 2007, el Estado adquirió la empresa y asumió deudas por casi U$S 15 millones. Antes de la rescisión, el Estado hizo una auditoría para evitar juicios en su contra. La empresa amenazó con presentar una demanda ante el CIADI pero no la concretó.
Aguas de la Costa
(Uruguay)
En 1997, a cuatro años del inicio de la concesión, Suez compró el 60% de las acciones, a través de AGBAR.
Período de concesión
Septiembre de 1993. Contrato de concesión por 25 años. En octubre de 2006, la empresa estatal OSE compró el 60% de las acciones de Suez.
Área de concesión
Zona Este del Departamento de Maldonado, correspondiente a los balnearios más ricos. Se calcula que había 3.000 conexiones, equivalente a unos 17.000 habitantes (2).
Financiamiento de la inversión
No hay datos que permitan conocer la situación financiera y operacional de la empresa (3).
Incumplimientos
Expansión: no hay datos sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales (5). Se eliminaron las canillas populares. Calidad: en 1998 y 2002 se declaró alarma ambiental por
falta de potabilidad. También se denunciaron vertidos de aguas negras por roturas de
cañerías. Se desecó la Laguna Blanca.
Política tarifaria
Durante la concesión, el cargo fijo de agua potable pasó a ser un 700% superior y el de saneamiento un 4000% más alto que el de la empresa pública OSE, que operaba en el resto del país. Al ser una zona de balnearios, el costo del metro cúbico era la treintava parte que el de OSE. La conexión era 16 veces superior en agua y 80 en saneamiento.
Participación ciudadana
La supervisación y fiscalización quedó a cargo de OSE. En 2003, las funciones se asignaron a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, cuyos directores son electos por el Presidente de la Nación.
Características de la rescisión
Si bien la reforma constitucional de 2004 establecía el “carácter público” de las empresas de agua, en mayo de 2005 un decreto habilitó la permanencia de las multinacionales. Ante las protestas sociales, OSE compró las acciones de Suez. La empresa amenazó al Estado con presentar una demanda ante el CIADI pero no fue concretada.

Fuentes: 1. Carlos Crespo Flores, Aguas del Illimani y resistencia social, La Paz, 2004. / 2.
Carlos Santos et. al., Aguas en movimiento, Ediciones de la canilla, Montevideo, 2006. / 3.
BID, “Salida de operadores internacionales de agua en América Latina”,
Washington, febrero de 2007. / 4. Natalia Aruguete, “El agua, una renegociación testigo”, Le
Monde diplomtique, noviembre de 2004. / 5. BID, op. cit.

No hay prórroga

Comisión 10
A fines de la semana pasada y durante el fin de semana he recibido varios pedidos de prórroga (muchos de los cuales veo recién hoy) para entregar las notas de investigación. Creo que otorgar ese derecho a algunos sería una falta de respeto y una injusticia con el resto de sus compañeros que entregarán la nota en tiempo y forma. Deberían haber estado trabajando en la investigación desde hace meses, lo lamento por los que no hayan podido planificar su tiempo, pero eso también hace al trabajo periodístico, las publicaciones tienen fechas de cierre. Por todo lo dicho, no hay prórroga.
La nota de investigación debe ser entregada hoy entre las 19 y las 21 horas.
Saludos, Clarisa.

Lo que viene, lo que falta

Hola a todos:
Repaso un poco lo conversado en la última clase y defino algunas fechas.
Lunes 2 de noviembre:
Géneros de opinión (la idea es que tengan algunas pautas por si quieren inlcluir algún recuadro con notas de estas características en la nota de investigación). Recuerden que deben traer cualquier artículo que consideren de opinión para trabajar en clase.
Les entrego las calificaciones de los parciales que ya están corregidos.
Lunes 9 de noviembre:
Tomo los recuperatorias del 1º y 2º parcial. No hace falta que asistan quienes no deben recuperar. Pero pueden asistir quienes tengan dudas con su nota de investigación para consultar.
Lunes 16 de noviembre:
Entrego las notas de las revistas.
La comisión 10 entrega sus notas de investigación.
Lunes 23 de noviembre:
la comisión 8 entrega sus notas de investigación.
Lunes 30 de noviembre:
Cierre de notas, fin del cuatrimestre.
Saludos, Clarisa.

Comienza el ciclo Jazz por la Identidad

(me tomo el atrevimiento de postearlo, por si a alguien le interesa)

El próximo miércoles 7 de octubre comienza el Ciclo Jazz por la identidad organizado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el Programa Café Cultura, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación.

El ciclo se desarrollará todos los miércoles de octubre, a las 21.30, en Café Vinilo (Gorriti 3078, y Salguero) y el cierre será el viernes 30, a las 19, en el auditorio “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502). La apertura estará a cargo de Adrián Iaies y los miércoles siguientes actuarán el dúo 2 `O Clock, Ernesto Snajer y Paula Shocron, respectivamente. El cierre estará en manos de Mariano Otero sexteto, en la Biblioteca.

El ciclo, que fue lanzado el 1º de septiembre en el Centro Cultural Caras y Caretas con la presencia del músico Javier Malossetti y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, es con entrada libre y gratuita y busca instalar la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, en el ambiente del jazz.

A lo largo de estos años las Abuelas se han valido de diferentes herramientas, entre ellas el arte y la cultura, con el objetivo de convocar a los jóvenes con dudas sobre su identidad. En este marco, y en el mes del 32º aniversario de Abuelas, surge Jazz por la Identidad , esta vez con la colaboración de Café Cultura quien aporta su formato de charla de café, lo que permitirá conversar con los protagonistas.

Agradecemos la difusión de esta información y los esperamos.

Programación:

Miércoles 7 - 21.30 -Café Vinilo: Adrián Iaies
Miércoles 14 - 21.30 -Café Vinilo: 2 `O Clock
Miércoles 21 - 21.30 -Café Vinilo: E. Snajer
Miércoles 28 - 21.30 -Café Vinilo: P. Shocron
Viernes 30 - 19.00 -Bib. Nal.: M. Otero

La pelea por la democracia informativa

Por Julio Marino (Comisión 8)

La todavía vigente Ley de Radiodifusión 22.285, promulgada en 1980 durante la dictadura militar y reformulada durante el gobierno de Carlos Menem, favoreció la concentración de la propiedad de los medios en manos de unos pocos grupos económicos. Ese es uno de los aspectos que propone cambiar el proyecto presentado por el Ejecutivo que se denomina Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en lugar de Ley de Radiodifusión, porque se trata de una propuesta que busca regular también las llamadas nuevas tecnologías como Internet, el Triple Play y la televisión digital. Además, busca permitir que cooperativas e instituciones sin fines de lucro puedan acceder a la explotación de frecuencias de radio o televisión.
De todos estos temas habló Fabián Amaya, Licenciado en Periodismo de la Universidad de Lomas de Zamora, director del periódico Interés General y conductor del programa ¿Por qué te vas? que se emite en AM 1630 súper sport.
¿Qué modificaciones presenta el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales respecto a la legislación vigente?
El nuevo proyecto de ley es una semilla que va a germinar y que nosotros tenemos que regar y proteger. Y aparte, intentar ser parte de ese árbol que va a crecer, porque trae un montón de oportunidades en cuanto a la distribución de las diferentes señales de los medios e Internet. Este nuevo proyecto propone un 30% de las participaciones del mercado de los medios para la actividad privada, pública y estatal. Es decir, los que hoy no tienen acceso, que son radios comunitarias, organizaciones no gubernamentales, sociedades de fomento, estudiantes, trabajadores de prensa que pueden nuclearse para hacerlo, harán una diferencia sustancial. El tema pasa por el crédito para acceder a medios tecnológicos y a los servicios de televisión entre otras cosas, porque el Triple Play y el Cuádruple Play que se vienen, va a tener 3 o 4 canales por cada canal. Y la cuestión se plantea en quién va a poder ser productor de esos servicios. El proyecto propone también favorecer la publicidad con mano de obra nacional en un 70% y hacer intensivo el trabajo de la cultura en la televisión argentina. No traer tanto de afuera, sino trabajar con producciones culturales nacionales en un 70%.
¿Cómo se regula?
Nosotros somos los que tenemos que regularlo. Esta ley no sale porque el Estado solamente tiene voluntad política. Esta ley sale porque detrás de esto hay cientos y cientos de miles de personas que en los foros de toda la Argentina participaron. Es mentira que no se participó. Hace dos años que se viene tratando esta ley. Y si no se mediatizó porque pensaban que esto no iba a salir y no iba a tener forma de atacar a un monopolio como es el Grupo Clarín, eso es otra cosa. Se habló y nosotros somos testigos.
Hay que presionar para que podamos acceder a las diferentes formas de comunicación. No permitir que solamente aquellos que tienen plata puedan acceder a un pliego.
¿Qué medio tendría más cambios según el Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales?
Yo creo que se viene la digitalización. Ya entramos en la era de lo digital. Por cada canal va a haber tres o cuatro canales. Por ejemplo Canal 7 A, B, C y D. Y vos podes elegir. La discusión pasa por aquellas personas que van a participar. Nos tendremos que ajustar a los medios tecnológicos, a la capacitación. Eso es lo que más va a cambiar. Ya se produjo el apagón analógico en Estados Unidos, el año que viene será en la Unión Europea y nosotros para el 2014 recién tendremos el apagón analógico. A partir de allí comenzará la era digital que se maneja por ceros y unos y da la posibilidad de mandar cientos de señales a través de una fibra óptica. El Triple Play…
¿Qué es el Triple Play?
Es enviar a través de un mismo cable las señales de televisión, Internet y telefonía. Y se le agrega telefonía celular, que ese es el Cuádruple Play. Entonces, ahí están peleando los monopolios para ver quien se queda con este gran negocio. Nosotros tenemos que pelear con el fin de obtener los mecanismos y participar de esto para que realmente haya una democracia informativa.
Si la digitalización cambia la televisión ¿Cómo cambia la radio?
Se quieren muchas radios de baja potencia con un máximo de 10 kilómetros de alcance. Hoy existen radios de 70 a 80 kilómetros de potencia que envían a la Comisión Nacional de Comunicación para que cierren las radios de baja potencia que interfieren en su señal. Eso no es democracia informativa. Ni tampoco es horizontalizar la comunicación en el aire como dijo Gabriel Marioto. Si se regula el espectro para muchas radios de baja potencia habrá un impacto importante, porque va a haber mucha información y variada. La cuestión sigue pasando por el acceso a los pliegos para tener los permisos y las posibilidades de créditos para crecer.
¿Hay un proyecto para medios gráficos?
Estamos ahí. La grafica no se tocó todavía y tampoco se esta hablando mucho, porque ahí esta el tema de lo digital. Y no se comprende mucho por su complejidad. Los periódicos digitales, las nuevas formas de escritura, las nuevas comercializaciones a través de Internet van a impactar mucho en la forma de comunicarse. Pero la grafica todavía no se tocó. Yo creo que todavía el diario tiene para largo.
¿Qué le parece que el debate se abra para toda la comunidad en los foros?
Yo creo que la gente esta mas allá de eso. El ciudadano común no atiende al debate. Y si se aprueba el proyecto le va a impactar al ciudadano en la forma de percepción de la familia en la casa. Pero la gente no toma conciencia de esto. Nosotros como comunicadores, como periodistas estamos metiéndonos de a poquito porque abrieron mucho el juego. En los foros se habló, se discutió, pero esto no es algo vinculante. No quiere decir que las propuestas van a ser incluidas en el proyecto. Se van a discutir, se va a debatir todo, pero después hay que ver que es lo que sale. Es complicado. Por eso tenemos que vigilarlo. Me parece un buen comienzo, pero tenemos que estar muy atentos, porque una vez que salga este proyecto hay que velar para que las cosas se cumplan y para que todos podamos hacer.
¿Qué agregaría al proyecto?
Microcréditos para pequeños y medianos empresarios de los medios para comprar todo tipo de material y fortalecerse en la parte tecnológica. También incluiría el blanqueo ante las agencias recaudadoras como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que el personal que trabaja allí esté blanqueado. Los pequeños empresarios no podrían soportar las cargas impositivas de los empleados. Tendría que haber una reforma impositiva con respecto a estos pequeños y medianos de acuerdo a su facturación. El acceso debería ser con una base de datos de todos los medios que vienen trabajando desde hace un tiempo con ciertos requisitos. Además, tendría que existir la posibilidad de llegar a la pauta oficial y a otros tipos de pautas ya que nosotros nos mantenemos con la publicidad. Incluiría la posibilidad de que todos podamos trabajar y que todos podamos vivir del periodismo. Y que haya reglas claras y apertura para aquellos que realmente sienten la profesión y están al lado de la gente.

“Tenemos la puerta abierta para construir otra mirada”

En el marco de la finalización de los debates por el Proyecto de Ley de Medios, se dan posiciones enfrentadas. La sanción de la ley garantizaría la participación de las organizaciones actualmente excluídas. Se abriría la posibilidad de diversidad cultural y pluralismo en los medios

Por Constanza Graham (Comisión 10)

Las radios comunitarias se han constituido como actores sociales legítimos y canales de expresión para muchos grupos marginados, a pesar de haber sido privadas durante mucho tiempo de ejercer legalmente el derecho a la comunicación. Es necesaria una nueva ley de radiodifusión pero la discusión se aleja del texto de la ley y se enfoca en un enfrentamiento de intereses empresariales y políticos, dejando de lado el verdadero sentido del proyecto. Paula Castello, directora de FM La Tribu, aporta la voz del sector menos escuchado.
¿Por qué es necesario sancionar una Ley de Radiodifusión?
Primero, porque la ley actual fue sancionada durante la Dictadura y esto lleva impresa una marca, un modo de concebir los medios de comunicación que no es coherente con el desarrollo de una sociedad democrática. Es una ley que está concebida bajo la doctrina de la Seguridad Nacional. Esta ley establecía que se debían otorgar un máximo de cuatro licencias, pero no para garantizar un espectro más diversificado, sino para controlar a los medios. Segundo, las modificaciones efectuadas durante la democracia favorecieron la construcción de monopolios, la concentración, tanto económica, como geográfica y política. De esta manera, se dio lugar a un diseño de sistema de medios que no tiene nada que ver con promover la participación, la democracia, el pluralismo de voces.
¿Cómo afecta puntualmente a los medios alternativos la ley actual?
En su redacción original, la ley no permitía que las radios comunitarias o cualquier organización sin fines de lucro accedieran a licencias. En 2005 fue modificada y se abrió un lugar a esas organizaciones para que pudieran gestionar medios de comunicación. Sin embargo, cuando se introduce esa modificación, el espectro ya estaba organizado de tal modo que esa norma no necesariamente implicaba que esas organizaciones pudieran efectivamente acceder a licencias. Por un lado, porque en las ciudades grandes el espectro está saturado y no se puede ejercer una licencia donde no hay lugar. Por otro lado, porque el Comfer evalúa las carpetas para presentarse a concurso en base a criterios que nada tienen que ver con el sentido de las redes comunitarias. Un ejemplo claro: a FM Alas de El Bolsón, cuando presenta su carpeta, sufre una baja en el puntaje porque no realiza informes de tránsito. Entonces, la ausencia de reconocimiento, las falencias en la aplicación de la regulación y la propia configuración del sistema de medios atentan contra la posibilidad de desarrollo de los medios que no se insertan dentro de la lógica empresarial.
Actualmente, ¿qué funciones desarrollan o suplen los medios alternativos que los demás medios, privados y públicos, no cumplen?
Básicamente, aportan y construyen espacios donde se pueda ejercer el derecho a la libertad de expresión, donde cualquiera pueda decir lo que piensa y ser parte de la gestión de los medios de comunicación. Dar lugar a aquellos que los multimedios no legitiman como actor o grupo social capaz de opinar sobre determinados temas o de asumir el protagonismo al que tenemos derecho como ciudadanos. Obviamente, cada radio comunitaria tiene sus fines específicos, pero el objetivo común es transformar la forma en que vivimos, por lo que nos parece un campo importante sobre el que incidir desde nuestra propia perspectiva. Entonces, se trata de estar abiertos a diferentes propuestas que le sumen pluralismo y diversidad de voces al espectro. Es un espacio para la visibilidad de grupos marginados que no tienen lugar en otros sitios.
¿Cuáles fueron las propuestas puntuales desde La Tribu en la redacción de los veintiún puntos, contemplados en el actual proyecto de ley que se debate en el Congreso?
Participamos junto con otras organizaciones y tratamos de acordar con todas ellas cuáles eran esos veintiún puntos, ya que cada una tiene sus reclamos específicos. Algunas de nuestras propuestas, que además fueron incluidas en el actual proyecto, son: la inserción de la definición de “radios comunitarias” como un sector diferente dentro de las organizaciones sin fines de lucro; apuntamos a que las formas de evaluación para la asignación de frecuencias contemplen y prioricen entre sus criterios la función social y el apoyo a proyectos de sectores marginados a través de la elaboración de bases y condiciones específicas; y un aumento de 4 a 10 por ciento de los fondos recaudados para a apoyar a medios de fomento, comunitarios y de los pueblos originarios.
Desde la Facultad [de Ciencias Sociales de la UBA], la red [AMARC] y la radio fuimos construyendo vínculos con quienes coincidimos ideológicamente y que nos asesoraron en aquellos puntos sobre los que teníamos dudas.
¿En qué medida el proyecto contribuye a ampliar el espacio y dar lugar a los medios más marginados?
Lo que le da coherencia al proyecto es la forma en la que concibe a los medios de comunicación. Hoy, por como está diseñado el sistema de medios y por lo que avala la ley, los medios de comunicación se piensan como un negocio. Si se lo ve desde ese punto de vista, estaríamos dentro de una “ley de supervivencia” donde sobrevive el que tiene más medios. Esta forma de concepción entra en tensión con otra forma: los medios como espacios a través de los cuales se ejerce un derecho humano. Esto obliga a diseñar un sistema de medios con otros principios que garanticen la libertad de expresión. Y en sintonía con esto, lo que este proyecto de ley reconoce es el derecho de licencias y un tercio del espectro para los medios alternativos. Este sería, para nosotros, el punto más importante.
En cuanto al rol que asumiría el Estado, ¿podría darse la posibilidad de un exceso de intervencionismo estatal?
Puede existir el riesgo, pero no hay ley más permisiva en cuanto a la intervención del Estado que la actual. El Comfer depende directamente del Poder Ejecutivo, o sea, lo elige la Presidenta “a dedo”. Nosotros creemos que el Estado tiene la responsabilidad de regular el sistema de medios con criterios que apunten a garantizar el pluralismo, evitar la conformación de monopolios. Intervenir en la administración del espectro no es exceder sus funciones, es cumplirlas. Sí sería un exceso que el Estado regule los contenidos de los medios, pero esta ley no apunta a contenidos. Lo que se establece es un máximo de producciones extranjeras, así evitaría casos como Canal 9. Este sería el único control de contenidos, ni la ley lo prevé ni sería adecuado que intervenga en la línea editorial.
Desde la oposición se afirma que existe la posibilidad de que se terminen generando medios débiles sin escala competitiva, ¿qué opinás al respecto?
Si se concibe a los medios netamente como empresa, entonces sí habría medios más débiles. Pero, con más de veinte años de historia, las radios comunitarias somos una evidencia de que, aún en las condiciones más adversas, es posible autosostenernos y ser independientes económicamente. Esto no significa que promovamos, como forma de gestionar los medios, la precariedad. Si la capacidad de que las empresas se fortalezcan atenta en contra de la pluralidad, entonces me quedo con la pluralidad.
¿Por qué te parece que es tan complejo debatir en el Congreso un asunto tan importante para la democracia como éste?
Porque afecta directamente los intereses de los grupos que concentran la mayoría de los medios. Obviamente, hay intereses encontrados entre Clarín y el Gobierno, pero también es evidente que cualquier gobierno que tome la decisión de promover un proyecto de esta envergadura se va a tener que enfrentar con el multimedio al que más le afecta y con todos los demás que caen detrás y que manejan la opinión pública. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que hace el Gobierno, sino que apoyamos esta iniciativa porque recoge muchas de las demandas que venimos planteando y que llega al Congreso con mucha fuerza. Hay una relación entre el discurso, implícito y explícito, de los multimedios y la forma en que uno se posiciona en la sociedad. Nosotros, desde una posición más débil, intentamos que las personas se interesen por una ley que no se trata sólo de medios, sino de una forma de vida que afecta a todos. Buscamos que se acerquen y así lograr una voz más fuerte.
Entonces, ¿para ustedes, los foros contribuyeron como un llamado a la parte de la sociedad que se mantenía ajena al problema?
La verdad es que mucha gente se acercó a escuchar nuestra opinión. El hecho de haberse interesado en los medios alternativos fue un incentivo y apoyo para llevar adelante el proyecto. En este sentido, los foros efectivamente fueron espacios de participación, pero también es verdad que fueron una estrategia del Gobierno para cooptar a las organizaciones sociales.
Una vez aprobado el proyecto, ¿cuál sería el primer paso a seguir de los medios alternativos en ese nuevo capítulo de la historia?
Primero que nada, una vez sancionada la ley, viene la reglamentación de la misma y hay que pasar a la “letra chica”. En esta segunda parte también queremos tener participación, porque hay muchas cosas que se definen ahí. Y, una vez que exista una regulación acorde con el proyecto, nos toca la parte de adecuarnos. Para algunas radios con más historia, con más solidez en términos económicos, administrativos, va a ser más fácil; para otras va a resultar más duro. Desde las organizaciones que tenemos las cosas más ordenadas, será nuestro rol ayudar a las radios que estén en una situación más vulnerable. No será fácil, pero es lo que venimos pidiendo. Tenemos la puerta abierta para construir otra mirada, una más democrática. Es la posibilidad para que los medios marginados amplíen sus espacios y mejoren sus condiciones.

“En Argentina encontré mi lugar”

Es uno de los integrantes de la famosa “Bomba de tiempo”. Hace 3 años que llegó al país a traer el arte de los griots (casta encargada de mantener las tradiciones orales de la etnia mediante la expresión artística y el relato entre su pueblo). Dice que la Argentina es el único lugar fuera de África en donde no lo han discriminado

Por Noelia Guevara (Comisión 10)

En un sótano del barrio de Villa Crespo se escucha fuertemente el sonar de tambores. Hay sólo 20 personas en la sala, de todas las edades aunque la mayoría son jóvenes. En el centro se encuentra Cheikh Gueye, percusionista y bailarín nacido en Dakar, Senegal. Él es el profesor y todos escuchan atentos el ritmo que sus manos producen al tocar el djembé, instrumento tradicional del noroeste africano.

-¿Cómo fue que se inició en la percusión?
-Desde muy chiquito, tenía 7 años cuando unos vecinos, que vivían en frente de mi casa, me enseñaron percusión y danza. Ellos pertenecían a la familia de griots. Recién a los 18 años comencé a aprender cantos tradicionales, la acrobacia y el fuego limbo.
-¿En qué consiste el arte de los griots?
-Busca preservar las tradiciones africanas mediante el arte. Allí me formé en los tambores sabar y aprendí las danzas y cantos tradicionales. Es una herencia milenaria, cada uno de nosotros está encargado de mantener eso. Yo lo hago no sólo mostrando lo que sé en mis shows, sino que también lo enseño en mi escuela.
-¿Y cómo surgió su deseo de venir a la Argentina?
-En verdad, durante largo tiempo viajé mucho. Conocí un sinnúmero de lugares y de gente, y un día decidí probar suerte por estos lugares. Hace 3 años que llegué, inmediatamente me puse a enseñar percusión y después de ahí todo se fue dando.
-¿Conocía algo de la Argentina antes de venir acá?
-El fútbol y Maradona (risas).
-¿Qué es lo que más le costó asimilar al llegar?
-Nada, la verdad que no me costo. Acá la gente es muy buena y no discrimina como en otros lugares, es muy abierta y generosa. Aunque lo único que me costó un poco es la velocidad de la ciudad. Aquí viven muy apresurados, pero después de un tiempo me pude acostumbrar muy bien.
-Dijo recién que antes de venir a la Argentina viajó por muchos lugares ¿En qué países estuvo?
-Estuve en España, Francia, Italia, Arabia Saudita. Allí tocaba pero en los momentos de ocio, tenía que ganarme la vida de otra manera. Trabaja en hoteles y restaurantes. Nunca pude trabajar de la música.
-Tengo entendido que estuvo en Chile antes de venir acá ¿Por qué decidió finalmente quedarse en nuestro país?
-Estuve en Chile, allí pude hacer algo relacionado con lo que me gusta. Pero en la Argentina me siento cómodo, encontré gente buena, hago lo que me gusta, trabajo de eso, que más puedo pedir.
-Usted es uno de los integrantes de la “Bomba de tiempo” ¿Cómo llegó al grupo?
-Fue Santiago Vázquez director de La Bomba de Tiempo que me ofreció tocar en el grupo. Un día vino a unas de mis clases y me dijo si quería tocar con ellos y acepte. Ya van a ser 2 años y medio que estoy en la Bomba. Somos en total 17 percusionistas, cada uno se especializa en algo diferente.
-¿Y usted qué toca?
-De todo (risas). En realidad en la Bomba estoy a cargo del djembé, pero durante mi adolescencia me especialice en djun djun, sabar, n´tama, bougarabu y séoruba.
-Además de la bomba tiene otro grupo…
-Sí, se llama Daaradji Gaynde Djembe. Ahí somos varios, tres bailarinas, siete músicos y yo. A todos mis alumnos los hago tocar en el grupo y los que hacen danza bailan, todos tienen la posibilidad de presentarse en mis espectáculos. Es un grupo que esta formado por lo que sale de la escuela en realidad.
-¿Se inscriben muchas personas a sus clases?
-Sí, doy todos los días clases de danza y percusión. Viene gente de todas las edades. Doy clases en dos lugares, en el “Sexto Cultural” y en la sala de Apolinario Figueroa. Mucha gente se inscribe después de escucharme tocar, además van comentando y ahí es cuando se genera más repercusión. Creo que cada vez se están abriendo más talleres de percusión. Hay algunos compañeros que también enseñan y de ahí salen grupos con el mismo estilo y espíritu que tratamos de llevar nosotros a cada uno de nuestros alumnos.
-¿Nota que la música de percusión tiene cada vez más adeptos en nuestro país?
-Hay mucha gente que sigue esto. Cuando empecé con la bomba había bastante gente ya siguiéndola pero hace un año que hubo una explosión de la música africana y tanto argentinos como extranjeros comenzaron a venir. Creo que se generó un “boca a boca” que nos ayudó mucho a instalarnos en la música local. Todos los lunes en el Konex tocamos y cada vez hay más gente. Este domingo también tocamos con mi otro grupo Daaradji Gaynde Djembe y ya hay muchas entradas vendidas.
-¿Viaja seguido a su país?
-Todos los años. En vacaciones aprovecho y vuelvo a mi tierra. Es que se extraña, y además allí esta toda mi familia.
-¿Piensa quedarse por mucho tiempo en la Argentina?
-Sí, ahora estoy tramitando la nacionalidad. Así que pienso quedarme por mucho tiempo. Creo que finalmente encontré mi lugar. Sé que ya no podría irme de aquí.

La forma espiritual del dinero

Raúl Eidelman, iniciador de la fundación “Dinero Social” explica una forma alternativa de solventar micro emprendimientos

Por Alex Eidelman (Comisión 10)

¿Qué es “Dinero Social”?
- “Dinero Social” es una fundación legalmente constituida que tiene como objetivo, orientar y financiar a proyectos económicos que tengan un sano sentido social. Esto nos lleva a la pretensión de lograr una evolución de la humanidad que se base en proyectos que no afecten el medio ambiente y que en libertad los seres humanos puedan encontrar su camino en el mundo con un trabajo que sea digno y que corresponda a su vocación.
¿Cómo nace y en qué contexto?
-Este proyecto nace como producto de la unión de cinco personas con voluntad de ayudar. Nació en el año 1997.
¿Cómo te involucraste en él?

-Mi involucramiento tiene que ver con una militancia, con una filosofía: la filosofía antroposofica (como forma de vida) que tiene que ver con una mirada profunda del hombre, su vida, su origen y su destino.
¿Qué diferencia se puede encontrar con un banco convencional?
- Los bancos convencionales buscan en principio el lucro, no preguntan de dónde viene el dinero, y tampoco se preguntan si la colocación de ese dinero puede traer perjuicios al ser humano y o al medio ambiente. Este tipo de fundaciones como “Dinero Social” lo que hace es acercar las partes. Es decir, una vez que se selecciona un proyecto que consideramos sano, se busca a la persona que quiera financiarlo, porque lo considera sano y positivo para la comunidad y el medio social. En este sentido lo que hace “Dinero Social” es acercar ambas partes y ambas partes se responsabilizan por lo que agregan a este mundo.
¿Quiénes integran la fundación “Dinero Social”?
-Los miembros fundadores fuimos cinco y hoy los miembros que integran la fundación somos quince y todos son padres o ex padres de colegios Waldorf, es una pedagogía desarrollada por el Dr. Steiner que crea la filosofía antroposofica. No hay ninguna limitación, ni capacidades necesarias para integrar la fundación, solamente compartir los objetivos que tiene la fundación en sus estatutos sociales.
¿A qué se dedican sus miembros?
–Hay economistas, abogados, contadores, escribanos, personas que trabajan con la salud, masajistas, jardineros, gente que trabaja en el medio televisivo en general.
¿Cuál es la forma de evaluar la viabilidad de un proyecto que se les presenta?
-En principio hay una metodología que parte de que uno de los integrantes de la fundación debe presentar al futuro candidato a ser financiado o simplemente analizar ese proyecto porque necesita asesoramiento. Debe presentar una carta donde explica todo el funcionamiento del plan y especialmente está sometido a una o varias entrevistas. El interesado debe demostrar que su proyecto es necesario en el medio en que él se desenvuelve, es decir, que hay personas que necesitan de ese trabajo, de ese emprendimiento. Luego si el emprendimiento es evaluado, aceptado y necesita financiación el micro emprendedor necesita presentar garantes, gente que avale su proyecto y que en caso de que no prospere adecuadamente, ayude en la devolución. “Dinero Social” no pide otro tipo de garantía, ningún tipo de garantía hipotecaria ni prendaria.
¿Es decir que está basado principalmente en la confianza?
-Exactamente. Además tampoco, se le cobra interés, pero sí debe ser respetado el capital que se le entregó y eventualmente se le solicita a la persona que recibió el préstamo, que devuelva, si es posible, una o dos cuotas más de lo que se le entregó a efecto de favorecer los próximos préstamos que se pudieran dar.
¿Quién o quienes financian los micro emprendimientos una vez aceptados?
-Una de las formas consiste en que los propios integrantes de la fundación aportemos dinero para sostener determinado proyecto. Y la otra alternativa se da presentando el proyecto a distintas personas que tienen capacidad económica y si a esas personas les parece loable financiar ese tipo de proyecto, acercan los fondos y de esa manera “Dinero Social” simplemente presenta a las dos partes que se comprometen: una a entregar los fondos en tiempo y forma y la otra a devolverlos de a cuerdo a su propio compromiso y responsabilidad.
¿Qué tipo de gente acude a “Dinero Social”?
-En principio la gente que se acerca, es gente que es presentada por miembros de la fundación, son en general micro emprendedores. Por ahora “Dinero Social” no maneja fondos demasiado grandes para emprendimientos importantes. Por ejemplo, se ha financiado la creación de una cooperativa de cartoneros, que ahora tiene su propio galpón que han logrado comprar. Han creado máquinas para reciclar cartones, plásticos y partes de computadoras en desuso. Otro de los proyectos fue haber financiado a una persona para que pueda comenzar a desarrollar un proyecto textil de producción de ropa de trabajo para empresas de gran envergadura, también se han presentado personas con problemas de vivienda. También se trata de ayudar a personas que intentan desarrollar su beta artística; se financió, por ejemplo, la formación de personas que estudian euritmia, es una rama artística de la antroposofía, entre otros.
¿Durante la entrevista mencionaste varias veces la palabra “antroposofía” como filosofía y pensamiento. ¿Podrías explicar en qué consiste?
-La palabra “antroposofía” significa sabiduría (ciencia) del hombre. Es una filosofía que fue desarrollada por un médico austriaco llamado Rudolf Steiner. Vivió desde 1864 hasta 1924. Esta ciencia se basa en una mirada holística del ser humano. No solamente desde los aspectos materiales, sino también, desde el aspecto que no puede ser medible o simplemente visto, se refiere a lo espiritual, es decir, aquello que está más allá de lo material. En ese sentido, la antroposofía que brinda la base a “Dinero Social” busca que el ser humano se desarrolle en libertad, buscando a través de su trabajo una evolución de su persona como ser humano en forma completa.
¿Existen o conoces experiencias parecidas en otras partes del mundo?
-Nuestra fundación ha tomado como modelo otras experiencias. El primer banco se creó en Alemania y se llama “Triodos”. También en Holanda, España, Inglaterra y EE.UU existen algunos bancos que siguen esta misma idea.

Los trabajadores del Ameghino resisten

La Asociación de Profesionales del Centro de Salud Mental porteño se manifiesta en contra de la asunción de la nueva directora y denuncia que su elección es ilegal
Por Ludmila Pennisi (Comisión 10)

Gloria Pandolfi y Alba Viglieca forman parte de la Comisión Directiva de la Asociación del Centro de Salud Mental Ameghino como secretaria y vocal titular, respectivamente. Profesionales en esta institución desde hace 30 años, plantean que el actual gobierno no hace lugar a la palabra y destruye lo construido durante 26 años de democracia por los profesionales del Centro.
¿Qué significa el Ameghino dentro de la Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires?
A: El Ameghino es el testimonio de lo que significó en este campo la apertura democrática, cuando se instaló una mirada distinta sobre la conceptualización de la salud mental. Aquí se desarrollaron actividades de asistencia, investigación, docencia y política.
G: Estas actividades están basadas en la participación democrática, en hacer lugar a la palabra. Esto implica un movimiento creativo y una organización entre todos los que formamos parte de esta institución.
A: Implica, además, una determinación política. En general, las instituciones públicas se organizan en oficinas donde funcionarios, guiados por las recomendaciones de organismos internacionales, diseñan e implementan determinados programas. El Ameghino representa todo lo contrario.
Entonces, ¿en qué se diferencia este modelo con el que intenta realizar el gobierno de Mauricio Macri?
A: Principalmente, en que a este gobierno no le interesa la opinión ni de la comunidad ni de los profesionales ni de los trabajadores.
G: Lo que nosotros fuimos edificando logra reflejarse en la Ley nº 448 donde se establece que el Poder Ejecutivo debe consultar al Consejo General de Salud Mental un determinado número de veces al año. El gobierno actual ignora esta obligación y los reclamos de los trabajadores. No hace a lugar a nada de lo que regula la asistencia en este campo. Además, no abastece a los hospitales con lo necesario para su funcionamiento, por lo que no hay duda de que no tiene interés por la salud mental del pueblo.
¿Qué implicaría que el Gobierno logre imponer su modelo en Salud Mental?
A: Sería un retroceso a los años 60, un modelo de hegemonía médica, de psiquiatrización y de incidencia de los laboratorios. De hecho, todo este movimiento se está haciendo de la mano de corporaciones médicas. Es la apropiación de lo público para negocios privados.
El año pasado Macri, haciendo uso de sus facultades, llamó a concurso para nombrar nuevos directores de hospitales ¿Por qué denunciaron que esta acción esta fuera del marco legal?
A: La ley dice que los directores se deben nombrar por concursos públicos y abiertos, lo que ningún gobierno democrático volvió a hacer y en esa cuestión se basó el jefe gobierno para realizar el cambio de directores. Sin embargo, aquí no hubo un concurso público, sino una selección a través de Internet y con una junta de “cinco notables” encargados de asesorar al Jefe de Gobierno. Como todo esto está fuera de la ley 448, presentamos un amparo que tuvo un fallo a favor en primera instancia. Sin embargo, ayer asumió como nueva directora del Ameghino la persona elegida en ese simulacro.
La Asociación de Profesionales plantea un plan de resistencia contra las medidas del Poder Ejecutivo ¿Cuál es la respuesta o reacción del gobierno ante esta postura?
G: De indiferencia. Hay una desestimación de escuchar lo que los trabajadores y la comunidad en general tienen para decir. No se recibe a las asociaciones, gremios y trabajadores. No se hace lugar a la palabra.
¿Cómo se vivió esto ayer, en la asunción de la nueva directora del Ameghino?
A: Hicimos un acto de resistencia pacífico que consistió en rodear el hall de la dirección y sentarnos allí, 200 profesionales, unos juntos a otros, diciendo solamente: “No”. Los funcionarios del gobierno pasaron entre, sobre nosotros, realizaron la designación y se retiraron como si nada hubiera sucedido.
Ante la indiferencia que muestra el gobierno ¿Cómo piensan seguir con el plan resistencia?
A: Esto no se puede sostener por mucho más, no estamos en una dictadura. La democracia está y de algún modo, como comunidad, tenemos que resolverlo.
G: Estamos dispuestos, junto a muchas otras asociaciones de profesionales y gremios, a resistir la tendencia de que la salud sea una práctica inscripta en una mercancía y a que la palabra pierda su valor de transmisión y de verdad. Es un retroceso brutal, por eso hay que resistirlo tanto. Vamos a continuar vía judicial, legislativa, o donde fuera que nos quieran escuchar. Tenemos la convicción de que a la larga vamos a ganar, porque está de nuestro lado una argumentación verdadera, sensata.

Solicitud

Solicito a alguno de los alumnos que concurrió a la conferencia de Zaffaroni, y que la haya grabado, que me mande el audio para subir al blog y compartirlo con el resto de los compañeros que no pudieron asistir.
Gracias, Clarisa.

Para subir al blog

Les pido que, por favor, me envíen sus entrevistas (corregidas) para subir al blog:
Comisión 8:
Rodrigo Álvarez
Sofía Barberini
Ana Stramucci
Julio Marino
Martín Rodríguez
Comisión 10:
Noelia Guevara
Ludmila Pennisi
Alex Eidelman
Germán Roitbarg
Constanza Graham
Aprovecho para comunicar que la planficación, finalmente, fue corrida una semana para ambas comisiones.
Las fechas quedarían así (aunque siempre pude haber alguna modificación):
Lunes 28/9: Comisión 8: Conferencia Zaffaroni // Comisión 10: Pre entrega de revistas y
Avances de Nota de investigación
Lunes 5/10: Temas de Parcial //Entrega de planificaciones y avances de revistas para la comisión 8 y los que la adeudan de la comisión 10.
Lunes 12/10: Feriado.
Lunes 19/10: 2º PARCIAL
Lunes 26/10: Entregan Revistas //Entrego notas de Parciales // Temas: repaso géneros, seguimiento nota de investigación.
Lunes 2/11:Recuperatorios.
Lunes 9/11: Temas: géneros que quedaron afuera.
Lunes 16/11: Entregan nota investigación.
Lunes 23/11: Entregan notas de invstigación.
Luns 30/11: Cierre de calificacions // Fin de cursada.

Tráfico de niños

Por Ana Stramucci (Comisión 8)
Fernández es un silencioso pueblo ubicado 50 kilómetros al Sur de la capital de Santiago del Estero. Calles de tierra y pequeñas casillas de madera construidas precariamente conforman un desolador escenario en el que la vida parece apagarse. Allí vive Elena Elvira Gallardo, una mujer de 30 años, flaca, de ojos grandes y cara angular, que se hizo famosa en el barrio por denunciar públicamente la desaparición de su hijo recién nacido. Su rostro fue difundido en noticieros y diarios de todo el país, y a raíz de su insistente denuncia muchas mujeres decidieron salir de la sumisión y hablar de los hijos que ya no estaban, esos niños que algunas ni siquiera llegaron a conocer.

El jueves 27 de Agosto pasadas las 11 de la mañana, Elena Gallardo y su esposo, Juan Ramón Gutiérrez, ingresaron de urgencia en el Hospital Fernández de Santiago del Estero en el que horas más tarde darían a luz a Franco, de 4 kilos y medio, sin imaginarse que nunca iban a poder tenerlo en brazos. Luego de un largo parto, el médico obstetra informó a los padres que el pequeño había nacido con una importante insuficiencia cardiaca y debía ser tratado de urgencia. Sin dar lugar a preguntas, las dos enfermeras que se encontraban en la habitación tomaron al niño y se lo llevaron rápidamente.

En ese oscuro y frío cuarto de hospital, Elena y Juan esperaron que alguien les brindara alguna información. Las horas pasaban y el miedo comenzaba a invadirlos; no era difícil imaginarse lo que podía estar sucediendo, ya lo habían escuchado en Fernández. Sabían que muy probablemente nunca más volvieran a ver a su hijo, sin embargo, mantenían la esperanza de que la realidad deshiciera sus sospechas. Pasadas las 11 de la noche una de las enfermeras se acercó a darles la terrible noticia que estaban esperando, pero ellos no lo creyeron: su hijo no podía estar muerto. Realizaron la denuncia en la Comisaría Nº 13 de Santiago del Estero Capital.

Pablo Borelli, director del Hospital Fernández, fue visto por última vez la tarde del 27 de Agosto cuando abandonó su despacho luego de reunirse con Miguel Lárzabal, médico responsable del parto de Elena Gallardo, y con la enfermera que horas más tarde daría la noticia a los padres, María Graciela Conte. A pesar de las sucesivas negaciones de las autoridades y empleados del Hospital Fernández, la jueza Cecilia Vittar ordenó la captura de Borelli, Conte y dos habitantes del barrio Fernández, sospechosas de participar en el arreglo de la entrega de Franco a una familia de Buenos Aires.

Graciela Conte se encontraba trabajando en el hospital cuando una compañera le informó que la policía la estaba buscando. En su declaración dijo que ella nunca había visto muerto a Franco y que solamente lo había llevado a terapia intensiva, pero se negó a dar el nombre de la persona que le informó sobre su fallecimiento. Fue la primera en quedar detenida por la desaparición de Franco Gutiérrez, y las sospechas por su participación en otros casos similares complicaban su situación. Hacía más de 15 años que se desempañaba como enfermera en ese hospital, y en los últimos días habían surgido más de diez denuncias que involucraban a esa institución. Pero Graciela Conte no sería la única que tendría que declarar por el caso del hijo de Elena Gallardo.

El patrullero ingresó al barrio Fernández apenas pasado el mediodía. Muchos de sus habitantes lo vieron llegar y se asomaron a curiosear. Algunos niños corrieron a su lado, exaltados por la inusual presencia policial. Buscaban a Juana Fabrini y a su hija de 19 años, Ana Cecilia Fabrini. Según la investigación llevada a cabo por Cecilia Vittar, estas dos mujeres eran las responsables de haber establecido el vínculo entre una familia de Buenos Aires que buscaba adoptar un niño y el director del Hospital Fernández, comprometido con la entrega de Franco.
La policía encontró a las dos sospechosas en su hogar, quienes fueron detenidas y llevadas a la comisaría ante decenas de vecinos que observaban la escena con sorpresa y cierta emoción. Para el barrio, Elena Gallardo, su marido y el pequeño Franco se habían convertido en héroes.

El rostro de Elena Gallardo siguió recorriendo los canales de televisión, su denuncia se hizo cada vez más fuerte en Santiago del Estero y junto a las denuncias de otras madres, logró recuperar a su hijo. En Fernández saben ahora que sus hijos están vivos, y están decididos a recuperarlos. La Justicia aún no pudo encontrar a Bonelli, pero las madres de Fernández pudieron encontrar, aunque sea por una sola vez, un poco de justicia.

Aclaraciones

Ambas comisiones:

El segundo parcial, que ahora cada comisión rendirá en diferentes fechas, abordará los siguientes temas:

-Entrevista (como fuente y como género).

-Perfil.

-Nota Color.

-Nuevo Periodismo.

-Nota de investigación.

-Trabajo, rutinas periodísticas y funcionamiento de una redacción.

-Nuevamente, elementos de edición.

Bibliografía (de todo entran los Cap. que están en fotocopiadora):

-Manual de estilo de la cátedra.

-Apunte "Géneros periodísticos y algo más".

-Martini, Stella; Luchessi Lila. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial Biblos.

-Halperín, Jorge. La entrevista periodística. Editorial Paidós, Buenos Aires.

-Del Río Reynaga, Julio. "El arte de conversar para informar", en Teoría y Práctica de los géneros periodísticos. Ediciones Diana, México.

-Wolfe, Tom. El nuevo periodismo, Editorial Anagrama.

-Apunte "Periodismo de investigación", de Leonarda Reyes.

Comisión 8:

-Que se corre la planificación una semana implica, obviamente, que también se corre la fecha del parcial.

-Después de la entrevista con Zaffaroni, los espero en el aula de cursada para entregarles las entrevistas corregidas y tomar lista.

Otra actividad de cátedra, para el que le interese:

La cátedra Taller de Expresión III invita a participar de la charla "El Periodismo de Investigación y la investigación en el Periodismo", que se realizará el lunes 28 de septiembre a las 11.30 en el aula 410 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (sede Parque Centenario). Participarán los siguientes periodistas: Valeria Román (Clarín), Edgardo Miller (Radio Belgrano y Nuevediario), Andrea Jafelle (E24, Forenses), Hugo Macchiavelli (Punto Doc, Revista Veintitrés, La liga, Blog y Crónicas Extremas), Mauro Saraniti (La Tribu) y Gustavo Veiga (Página /12).

Saludos, Clarisa.