martes, 29 de noviembre de 2011

La esclavitud moderna

La trata de personas para fines de explotación sexual es un problema de nuestras sociedades, sobre el que el común de la gente conoce muy poco. Diversas organizaciones luchan contra esta problemática ante la necesidad de generar un cambio cultural.

Por Guillermo Martínez y José Bava (Comisión 35)

A pesar de que vivimos en “democracia” y bajo el amparo de la Constitución, sobrevive en nuestro país una forma de esclavitud cuyos antecedentes se remontan en la historia y que ha persistido hasta hoy, con una presencia cada vez más amenazante. Según datos de la OIT, la trata de personas genera ingresos anuales de 32.000 millones de dólares en todo el mundo. Es la tercera actividad más rentable del crimen organizado internacional, después del tráfico de drogas y la venta ilegal de armas. Se estima que cada año 800.000 personas son víctimas de este delito. El 85% de la trata de personas en el mundo es para comercio sexual, y tiene como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta actividad criminal puede tener como fin la explotación sexual, laboral o la venta de órganos.
La trata de personas con fines sexuales siempre ha venido de la mando de la prostitución, negocio ilegal en nuestro país, pero que históricamente ha contado con la tolerancia del Estado y parte de la sociedad civil. De esta manera, esta problemática no solo refleja deficiencias del sistema político-jurídico de nuestra sociedad, sino que también interpela desde el punto de vista cultural.
Desde una perspectiva legal, la prostitución está prohibida en la Argentina. Nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas de 1949, “para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”. Esta Convención establece que toda forma de explotación de la prostitución ajena es punible, sin importar el consentimiento de la víctima. Prohíbe el establecimiento de prostíbulos y la reglamentación de la prostitución. No divide entre Prostitución y Trata porque considera que una es consecuencia de la otra. Sin embargo, hasta el reciente decreto presidencial que prohíbe el rubro 59, todavía podían leerse avisos de oferta sexual en los diarios y, en las calles de capital, aun hoy hay abundantes “papelitos” en cabinas de teléfono u otro soporte, que promocionan la prostitución.
Sindicato y reglamentación
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), nació, en 1994, para denunciar el abuso y la violencia policial hacia las mujeres que realizaban “servicio sexual” en las calles de la ciudad de Buenos Aires. En 1995, las mujeres de AMMAR comenzaron a formar parte de la Central de Trabajadores Argentinos. Actualmente, se definen como el Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales de la República Argentina “para tener los mismos derechos y las responsabilidades de los y las trabajadoras del país”, como puede leerse en su sitio web. Con respecto a la trata de personas, la organización, a través de su líder Elena Reynaga, ha denunciado este delito y pedido la penalización en numerosas ocasiones. Al respecto del decreto presidencial que prohíbe el rubro 59 como medida de prevención contra la trata, AMMAR emitió un comunicado en el que queda clara su postura sobre el tema: “Prohibir la publicación de anuncios es una medida que sólo logra criminalizar nuestra actividad. Es sólo a través de la regulación del trabajo sexual que se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en nuestro país”. Es decir, la respuesta está en la regulación.
Abolicionismo
No todas las mujeres que en un principio lucharon juntas contra la violencia policial estaban de acuerdo en la figura de “trabajadoras sexuales” y en la conveniencia de sindicalizar la actividad. En 2003, un grupo se separó de la organización que preside Elena Reynaga, y formó la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, también conocida como AMMAR Capital. Esta asociación forma parte de la Campaña: “ni una mujer más víctima de la prostitución”, que comenzó sus actividades en 2008. Esta campaña nuclea diferentes grupos de mujeres feministas abolicionistas. Marcela D´Angelo, integrante de la Campaña desde sus inicios, expone el mensaje abolicionista: “es posible un mundo sin prostitución, y eso tiene que ser el resultado de la inclusión y del cambio cultural, no de la represión. Son nuestras compañeras, las mujeres en situación de prostitución. Decimos mujeres en situación de prostitución porque no se definen como trabajadoras sexuales. Se definen en situación de prostitución, tratando de salir de ahí”.
Con respecto a la lucha contra la trata, D´Angelo sostiene que no puede separarse esta problemática de la prostitución: “Nos dimos cuenta que teníamos que enfocar el tema de la prostitución, porque la trata es una forma de incorporar mujeres a la prostitución. Las mujeres no nos incorporamos alegremente como dicen por ahí. A las mujeres, el sistema prostituyente nos incorpora por pobreza, por ignorancia. Porque las mujeres somos las más pobres entre las pobres, las más ignorantes entre los ignorantes, todavía nos quedamos con los hijos y, además, nos culturalizan para que nuestro cuerpo sea usado por cualquier varón a su placer. Es decir, somos al servicio de. Esto es lo que nosotras llamamos el sistema prostituyente.”
Para las abolicionistas “Ninguna mujer libre elige la prostitución. Porque la prostitución son cuarenta violaciones por día. Es la institucionalización de la desigualdad entre mujeres y varones. Desde ese punto de vista nosotras encaramos la lucha contra la trata.”
Entre las integrantes de la Campaña hay mujeres que estuvieron en situación de prostitución, mujeres que todavía están intentando salir de esa situación, profesionales: abogadas, arquitectas, psicólogas sociales, maestras. Se definen como autoconvocadas y autofinanciadas. Trabajan de manera horizontal, buscando el consenso, “como sabemos trabajar las mujeres”, explicita D´Angelo.
En coincidencia con la postura de Marcela D´angelo, se encuentra la de María Paula García, docente en Ciencias Biológicas, quien participa activamente en la Asociación Civil “La casa del Encuentro”, una organización fundada el cuatro de octubre del 2003 y dedicada a fomentar una red social y política contra toda forma de violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres, niñas y niños. A través de años de estudio, articular proyectos y realizar análisis sobre la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en la sociedad, desarrollaron desde su práctica y teoría, desde la categorización que definen como “feminismo popular”: concepto que funciona, tomando definiciones de las diferentes corrientes del feminismo, como una herramienta esencial para la transformación social porque cuestiona el orden establecido y su expresión en el sistema patriarcal, machista y sexista. Partiendo de esta caracterización, queda claro cómo se vinculan con el Estado: “Nuestra relación con el Estado es de denuncia y de exigencia. De denuncia porque si bien la trata de mujeres es un negocio llevado a cabo por bandas de proxenetas con conexiones continentales e internacionales, estas bandas no pueden operar sin la complicidad del Estado, y para ser más precisa: de la policía, de la gendarmería, la prefectura, el poder judicial. Por eso lo denunciamos, por acción u omisión en el tema”.
Políticas de prevención
“Nosotras luchamos por políticas públicas de prevención y asistencia a las víctimas”, cuenta Victoria Freire, integrante de Socialismo Libertario (SL), donde realiza sus actividades de militancia en la comisión de género de dicha agrupación. Y agrega que “no hay políticas públicas reales acerca de esta cuestión. Tampoco hay verdaderas posibilidades para que las mujeres liberadas que quieran y puedan salir de la situación de prostitución tengan a su alcance los medios que les permitan vivir de otra manera”. Y esto debe destacarse: mientras no se erradique la trata, los refugios para las víctimas son espacios de seguridad indispensables y lugares donde las mujeres puedan recibir el apoyo y la contención para continuar con su vida. Pero ¿cuánto presupuesto de destina a este tipo de emprendimientos?: “Prácticamente nada”, asegura Victoria.
En este sentido, además de la batalla contra los tratantes y proxenetas, es necesario que todas las mujeres tengan el acceso a un trabajo digno, a cobertura social, derecho a la vivienda y a la salud; para que todas se apropien de sus cuerpos y de su sexualidad y puedan decidir libremente, sin estar condicionadas a ofrecer su cuerpo como una mercancía para sobrevivir.
Se trata sí de una batalla, y en diferentes planos. Es batalla para exigir al Estado el cumplimiento efectivo de las leyes, la lucha real contra el negocio de la trata y la aplicación de políticas públicas reales y concretas que amparen y sostengan a las mujeres. Es una batalla cultural y política en la sociedad porque se sigue tolerando que el cuerpo de las mujeres sea algo que puede ser comprado, alquilado, vendido y descartado. La sociedad debe pensar y actuar diferente, responsabilidad que recae sobre todo en los varones, ya que son los principales clientes. Victoria da ejemplos de las iniciativas que llevan a cabo en este sentido: “Las organizaciones que luchamos contra la trata y la prostitución tenemos una consigna que dice: “El hombre nuevo no va de putas”; “Rompé la cadena del negocio: no pagues por sexo”; “Si la prostitución es un trabajo: ¿enviarías a tu hija a un bachillerato con la especialidad en esa rama del mercado laboral? Pensalo”.

Recuadro 1

La ley de trata
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, en Noviembre de 2000, la “Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Y sus tres protocolos adicionales entre los que se encontraba el protocolo para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en especial de Mujeres, Niños y Niñas”. Nuestro país ratificó la Convención en el año 2003, mediante la ley 25.632. Como consecuencia de esto, se sancionó la Ley nacional de trata de personas, que obtuvo media sanción en el Senado en 2006 y se terminó de aprobar en Cámara de Diputados, en 2008.
Sin embargo, hay un punto central de la ley que despertó el rechazo de distintas entidades, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Secretaría de Derechos Humanos. La polémica se desató porque la ley establece la distinción entre víctimas mayores y menores de 18 años. En el caso de las mayores, para que se constituya el delito de trata, se debe probar que fueron reclutadas y trasladas mediante “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o pagos”.
Para las ONG, sería muy difícil probar que hayan intervenido alguna de estas circunstancias porque muchas veces no se realiza la denuncia dado que las víctimas son reacias a declarar ante la Justicia, tanto a causa del terror por las situaciones vividas, como por la incertidumbre sobre su futuro, ya que es muy probable que el proxeneta pague la fianza o cumpla penas mínimas. Por esta razón plantearon que no debe tener que probarse si hubo o no consentimiento, para que se constituya el delito. En septiembre de este año, el Senado dio media sanción a un proyecto sobre trata de personas que modifica la ley de 2008, en los puntos más polémicos de aquella norma: no acepta en ningún caso que el consentimiento de la víctima pueda exculpar al victimario, y propicia en todos los casos el cumplimiento efectivo de la pena. Además, incluye entre los delitos la promoción de la pornografía infantil. Establece el número telefónico 145 (ya fijado por decreto) para recibir denuncias desde todo el país, incluso por mensaje de texto.

Recuadro 2

“Sin cliente no hay trata”
Desde la postura abolicionista, se interpela cada vez más al “cliente”, quien es considerado un “prostitúyete”, ya que si no hubiese una demanda permanente, el negocio de la prostitución no sería lo que es. Sin embargo, la demanda es una pieza que suele permanecer invisible. Daniel (nombre falso, dado que el entrevistado pidió que se preserve su identidad), actor, ha visitado distintos prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires.
¿No siente que está contribuyendo a un régimen de explotación de la mujer?
No, de ninguna manera. En los lugares a los que yo fui, las chicas no están ahí por obligación, para darle de comer a sus hijos. Son chicas que tienen otra situación. Están ahí por elección, es otro ambiente. No te imagines una chica pobre, sacrificada por su hijo. Cobran bien y son chicas que están ahí porque les gusta. Es trabajo, algunas se pagan los estudios.
Sin embargo, es un “trabajo” al menos muy exigente…
A veces me di cuenta que la mina estaba cansada, era muy mecánica. Pero otras veces no.
¿Nunca pensó que alguna de las mujeres a las que le pagó por sexo podía ser víctima de trata?
No lo hacen por obligación. Eso es en lugares muy under. Una vez entré a uno con un amigo y era muy desagradable. Además te tratan mal. Nos dio “cosita” y nos fuimos. Pero en Buenos Aires hay muchos lugares donde tenés que pagar, pero las minas son otra cosa. Y están todas limpias. Es otra calidad.
¿Estarías de acuerdo en que una hija tuya sea “trabajadora sexual”?No.

Recuadro 3

Marita Verón, el caso emblemático
Desaparecida desde el tres de abril de 2003 cuando tenía 23 años, esta joven oriunda de Tucumán cayó bajo las oscuras garras de las redes de trata. Ese día salió de su casa del centro de Tucumán para realizarse un chequeo cuando desde un auto rojo descendieron unos hombres —de acuerdo a testimonios de un testigo—, le pegaron un culatazo en la cabeza y se la llevaron. María de los Ángeles Verón, tal cual su nombre, permaneció desaparecida los dos días siguientes. Al tercero, fue vista en la localidad de La Ramada, a unos 30 kilómetros de su casa de Tucumán. La encontraron tambaleante, como si hubiese sido sedada, y usaba unos tacos altos en lugar de las zapatillas que tenía cuando salió de su casa. El patrullero que la levantó la dejó en un ómnibus que se dirigía hacia Tucumán, aunque nunca llegó a su destino. Al parecer había llegado hasta ahí luego de escaparse de una fiesta sexual. El relato de los policías que recogieron a Marita en La Ramada no suena convincente. Todo indica que la devolvieron a aquel lugar. Otra víctima contó que fue retenida por un proxeneta, quien luego la vendió por 2500 pesos a una whiskería de La Rioja. Más testimonios aseguran que Verón llegó incluso hasta España. La investigación llegó hasta tres cabarets riojanos que operaban como tapaderas de prostitución. La cámara de Apelaciones de Tucumán los definió así: “Lugares destinados al ejercicio de la prostitución donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres incluso mediante su privación de libertad”. El caso de Marita Verón se ha vuelto emblemático por las ramificaciones que ha tenido, con evidencias de complicidad tanto policial como judicial y política con las mafias de tráfico sexual del noroeste argentino y las conexiones que estas redes mantienen con otras que operan en el país y en el extranjero. El expediente judicial abierto tras la desaparición de Marita es un auténtico manual sobre trata de personas en la Argentina. El caso también se ha vuelto reconocido por la lucha llevada a cabo por la madre de Marita, Susana Trimarco, a quien las mafias de trata tienen amenazada de muerte.

Recuadro 4

Guía de prevención para mujeres que viajan
La asociación civil “Madres de Constitución” es una organización que brega por la seguridad y bienestar de los habitantes del país. Bajo la consigna “!Basta de trata¡”, son sus objetivos “trabajar, activar, desarrollar la vigencia de todos los derechos de todas las personas que habitan el territorio”, tal cual figura en su página de Internet. Asimismo, como forma de encarar sus metas, solicitan los informes de gestión elaborados por funcionarios públicos con cargos en los tres poderes del Estado, Nacional, Provincial y Municipal a la vez que buscan promover el control ciudadano de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, desarrollando propuestas y solicitando documentación e informes a funcionarios titulares en estas áreas, en todos sus niveles.
En su misma página publican unas “Medidas de Prevención para la Seguridad Personal en situación de viaje, trabajo en el extranjero o abandono en el hogar”. Esta guía nació como producto del proceso de investigación en conjunto con la Fundación Adoptar, luego de que esta última —una organización querellante en juicios de tráfico internacional de bebés— fuera invitada a dar una conferencia en la ciudad de Mazatlán en Sinaloa, México. Esta es una ciudad controlada por el narcotráfico por lo que viajar por tales motivos resultaba una situación de alto riesgo.
Al indagar en la Cancillería Argentina para saber si existía algún plan o prevención de seguridad para viajeros en esta situación encontraron que esto no era así, de modo que desarrollaron ciertas prevenciones. La guía contiene numerosos consejos y previsiones ante eventuales propuestas de viaje y ofertas de trabajo y sugiere cómo actuar frente a determinadas proposiciones. Si la oferta es de trabajo, se puede comprobar quién es la persona que te empleará; si ofrece facilidades, alguien que te contrata para que trabajes en otra ciudad debe afrontar todos tus gastos, por ello, no se deben asumir deudas con el empleador. Por otro lado, si la oferta resulta muy ventajosa y fácil de lograr es necesario desconfiar de la propuesta. Y siempre resultará fundamental comprobar los datos de la persona que ofrece el viaje. Cuando uno decide viajar, será conveniente comunicarse con el Consulado del propio país anunciando la llegada y el motivo del viaje. Se aconseja también manejar el propio equipaje y siempre solicitar la documentación del empleador: si éste se niega a brindar sus datos o impide la comunicación con la Cancillería, puede existir peligro de secuestro, en cuyo caso se debe pedir ayuda urgente.

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